Descalificaciones a medios y periodistas no forman parte del derecho de réplica, señala Artículo 19 a López Obrador

Foto: Notimex

Es responsabilidad de los Estados contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas resulten ofensivas o perturbadoras, señaló la organización Artículo 19.

En una carta abierta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel Obrador, la agrupación subrayó que las descalificaciones y estigmatizaciones constantes hacia los medios de comunicación o periodistas, generan un clima que impide una deliberación razonable y plural de los asuntos públicos, tal y como lo advertidola Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Artículo 19 se refirió a las recientes expresiones del mandatario hacia el periódico Reforma, al cual acusó abiertamente de publicar información falsa sobre las cifras de homicidios en diciembre. En ese sentido, apuntó que las descalificaciones no tienen que ver con el derecho de réplica y el ejercicio de éste no debe incluir la estigmatización de quien tenga un discurso contrario.

“La réplica no debe restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones. Además al ejercer el derecho de réplica debe atenderse al carácter de quién lo hace. No tiene las mismas implicaciones y alcances para un ciudadano o una ciudadana común que para un alto funcionario del Estado, quien cuenta con todos los medios a su alcance para hacerlo de manera prudente y razonable, sin un afán de inhibir la cobertura controversial o las opiniones críticas.”, se lee en la misiva.

La organización recordó en su documento que durante el periodo de transición, emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por las expresiones de López Obrador hacia algunos medios de comunicación al hablar de “prensa fifí” o “amarillista” o “sensacionalista” y desde entonces se le hizo un llamado a ser tolerante a la crítica. Asimismo, se advirtió que las descalificaciones hechas desde el poder, ponen en condición vulnerable a los periodistas en un país como México, donde la violencia contra los informadores ha sido una constante en los últimos años.

Artículo 19 señala que más que con descalificaciones, el derecho de réplica debe ejercerse con información; subrayó que de conformidad con los Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, el nivel de veracidad exigible a los medios es menor que el que deben tener los funcionarios públicos y en un momento determinado, deben ser las audiencias de los medios y no el Estado, quienes valoren los criterios de verdad, oportunidad o imparcialidad en la información que presentan.

“La garantía de corrección de la información puede ser fuente de grandes abusos y violaría el derecho a la información que tiene la sociedad. Ello no quiere decir que la veracidad no sea exigible a los medios de comunicación y periodistas, pero recae en un ámbito de ética profesional que le toca juzgar a las audiencias al momento de optar por las diversas ofertas informativas. Solamente en casos extremos de violación de otros derechos, y través de cauces legales y procedimientos previamente establecidos, la veracidad puede ser un criterio para calificar la licitud de una publicación. De ninguna manera puede ser un instrumento de censura por parte del Estado”, indica la carta.

Establece también que a todo comunicador social, periodista o medio, le asiste el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, el cual debe ser garantizado y respetado por el Estado en aras de protección de la libertad de expresión.

“Hacemos un llamado para que se abstenga de hacer declaraciones que inhiban la discusión pública sobre su gobierno, y más bien se provoque un debate abierto, incluyente, crítico y plural. En congruencia con ello, es urgente que su gobierno adopte una política pública integral que garantice la protección de cientos de periodistas víctimas de agresiones en razón de su ejercicio. Estamos seguros y seguras que estamos de acuerdo en todo lo anteriormente expuesto, y que mediante un diálogo permanente se podrán atender las graves problemáticas que aquejan el ejercicio de la libertad de expresión en México”, concluye el documento.

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