Todas las personas, sin distinción de género, religión, raza, origen étnico, discapacidades, preferencias u orientación sexual, tienen el derecho de aspirar a ejercer un proyecto de vida, sin que éste dependa de nacer en un contexto afortunado o desafortunado, expuso la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Al participar en el Congreso Internacional de Derechos Humanos. Igualdad y democracia, la magistrada consideró que la democracia es el único camino para construir las condiciones que permitan esta igualdad de oportunidades, así como construir los equilibrios necesarios en el ejercicio del poder.
Precisó que la igualdad es el factor que permite sostener el andamiaje jurídico de los derechos humanos fundamentales, y la democracia, el sistema que facilita su ejercicio pleno e irrenunciable. Como ejemplo de lo anterior, Otálora Malassis destacó que en el pasado proceso electoral, más mujeres accedieron a un cargo de elección popular y con ello, materializar la aspiración a una mayor equidad en las posiciones de poder y toma de decisiones.
“La universalidad se materializa en la posibilidad de que las mujeres y sus intereses sean realmente representados, en que puedan votar, ser electas y ejercer un cargo público, todo ello en condiciones de igualdad y libres de violencia. Se materializa en leyes, políticas públicas y sentencias que reconozcan sus derechos y transformen las estructuras que no les permiten ejercerlos en plenitud”, señaló.
Agregó que si bien, la igualdad de derechos es una meta que aún no está del todo cumplida y si bien son innegables los avances en esa ruta, en el ámbito político-electoral aún se siguen planteando ante las instancias de justicia electoral conflictos relacionados con la paridad y la violencia política en razón del género. Indicó que corresponderá a los diferentes niveles de gobierno hacer que esta situación sea distinta.
“Está en manos de las autoridades hacer que esto cambie, y justamente la Declaración Universal y los tratados internacionales, constituyen una herramienta para ello, y es nuestra obligación, como funcionarias y funcionarios del Estado mexicano, garantizar a cada una de las mujeres y a cada uno de los hombres que están también en situación de desigualdad, una vida digna en México”, enfatizó.
Por su parte, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo a nombre del TEPJF, un reconocimiento a la lucha de las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, para concretar un ejercicio pleno y efectivo de estos derechos, pilares de Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), libre y en paz. Consideró que en esta tarea, la Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe ser un referente para este objetivo.
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