Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su sentencia dictada el 28 de noviembre, en la cual declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como al derecho de reunión de 11 mujeres durante los hechos registrados en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
En su resolución del llamado Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, la Corte recuerda que 11 mujeres fueron detenidas por la policía del Estado de México durante la represión a manifestaciones en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Se cometieron diversos abusos contra cada una de ellas: tocamientos, violación sexual, golpes, insultos, amenazas de muerte y desaparición, además de que se les negó asistencia médica.
La Corte expresó: “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.
“El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”.
La Corte establece varias reparaciones: continuar las investigaciones para sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres, brindar a éstas tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas, además de crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, así como un mecanismo de monitoreo y fiscalización de las policías federal y mexiquenses.
La Corte también resolvió como reparaciones becas para estudios universitarios para tres de las mujeres agredidas, elaboración de un plan de Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos, y reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del caso.
arm
