jueves 28 marzo 2024

Consulta para enjuiciar a expresidentes, nueva cortina de humo de AMLO: Anaya

por etcétera

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, consideró que la consulta popular programada para el próximo 1 de agosto, que presuntamente servirá para enjuiciar a los expresidentes, es otra cortina de humo impulsada por Andrés Manuel López Obrador para distraer de los temas verdaderamente importantes para el país.

En un mensaje en video publicado en sus redes sociales, aseguró que dicho ejercicio es un engaño, puesto que en la pregunta aprobada por la Corte, en ningún momento se menciona a los expresidentes y por lo tanto, no tendrá un efecto vinculante hacia ellos. El único propósito, dijo, es seguir evadiendo los grandes problemas de México, y al mismo tiempo, seguir polarizando a la población. Asimismo, sostuvo que la aplicación de la ley no debe consultarse, sólo ejercerse.

“Lo que López Obrador quiere es tenernos ocupado con consultas e informes e informes inútiles. En un país de leyes los delitos se persiguen, no se consultan; en un país con estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no la ley. Si alguien cometió un delito, se le tiene que aplicar la ley. No hay nada que consultar”, manifestó.

Por otra parte, Anaya Cortés señaló que la consulta representa el derroche inútil de 500 millones de pesos, que bien podrían usarse para otros propósitos como la compra de vacunas o medicamentos, la construcción de escuelas, espacios deportivos o para becas a estudiantes de escasos recursos.

“¿Por qué no usamos esos 500 millones de pesos para comprar medicinas para los niños con cáncer? ¿O por reforzar la seguridad y evitar las masacres?”, cuestionó.

Para el político panista, el gasto en esta consulta es un desperdicio de dinero si se toma en cuenta que difícilmente se alcanzará la meta del 40% del padrón, que se requiere por ley para que el resultado de la consulta sea obligatorio.

Por último, llamó a la población a reflexionar y no prestarse a un ejercicio que es una mera simulación, dado que la aplicación de la ley es una obligación del gobierno, como también lo es hacer un uso responsable de los recursos públicos, lo cual no ocurre en este caso.

“Salir a votar en esa consulta es validar el absurdo, la aberración y la locura de tirar 500 millones de pesos para preguntar si el gobierno debe aplicar o no la ley, cuando de antemano ya sabemos la respuesta. No caigamos en su juego. Exijamos que se aplique la ley y que se les dé un destino sensato a ese dinero que pagamos con nuestros impuestos”, concluyó.

*arg

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