La asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 beneficia “por mucho a los estados gobernados por Morena”, con la intención de ir allanando el camino para las elecciones de 2021, acusó el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.
En comunicado de prensa, Romero Hicks definió así la postura de su bancada con respecto a la distribución del presupuesto a los estados de la República, el cual representa 30% del total del PEF y a la que calificó de “electorera”.
En la distribución del PEF “vemos el acento político” del gobierno de Andres Manuel López Obrador, ya que la misma es “adversa para las entidades de otros partidos, sin importar su densidad poblacional”, afirmó.
Además, señaló lo que otros actores políticos han dicho reiteradamente: que el presidente quita dinero a programas e instituciones básicos para canalizar ese dinero a los programas sociales de “apoyos directos”.
“El Presidente busca acumular 402 mil millones de pesos que invertirá en programas sociales para los que no existen reglas de operación ni los padrones públicos de beneficiarios. Cuál es la estrategia efectiva para disminuir la pobreza y la desigualdad, es una más de las preguntas que quedan en el aire”.
Criticó que el PEF no parece tener como metas la atención a la pobreza y la desigualdad, ni tampoco el desarrollo estatal o la atención al campo. El gobierno morenista pone en primer lugar los objetivos “clienterales y de lucimiento”.
Muestra de dicho desinterés lo son las cifras negativas de crecimiento económico y el aumento de la inseguridad y el desempleo.
Refirió que los productores del campo de diferentes filiaciones políticas se encuentran descontentos, debido a que “la Cuarta Transformación, de un plumazo, los eliminó de los programas de apoyo y fomento a la producción agropecuaria”.
“Los requerimientos de los productores del campo de todo el país son del orden de 70 mil millones de pesos y en la propuesta del Ejecutivo Federal se quiere llevar el dinero prioritariamente a sus programas emblemáticos como el Tren Maya, la refinería de Tabasco o las entregas de dinero a la población sin lógica distributiva”.
Calificó la política de gasto actual como un “austericidio” que deja a la población sin medicinas en el sector salud, sin impulso al desarrollo de la unidad administrativa más básica: el municipio y sin mejoras a la economía familiar.
Paralelamente, el gobierno de López Obrador busca minar a los organismos autónomos como el INEGI y el INE, por medio de cortes presupuestales y reformas legales.
Según afirmó, los diputados de su bancada trabajan por revertir la distribución “electorera” del gasto, llevar más recursos al campo y evitar el “desmantelamiento del Estado solidario”.
