El Comité de Derechos Humanos de la ONU acreditó violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, por lo que ordenó al gobierno de México una investigación exhaustiva que permita una aplicación efectiva del estado de derecho.
La resolución se refiere al litigio que por 13 años ha mantenido la también escritora, luego de su detención en diciembre de 2005 tras la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, en donde denuncia una red de pederastia en la que están implicados diversos personajes de los ámbitos político y empresarial.
De acuerdo con el seguimiento que la oficina de la ONU dio a este caso, Lydia Cacho fue objeto de una amenazas, tortura física y psicológica, así como de violencia sexual; hechos que no fueron exhaustivamente investigados ni sancionados por las autoridades que en aquel entonces tomaron conocimiento de la situación.
Asimismo, determinó que derivado de las declaraciones que en su momento trascendieron por parte de los presuntos involucrados, se desprende que la aprehensión de la periodista fue arbitraria y en represalia por su labor profesional.
El Comité de DDHH de la ONU fijó un plazo de 180 días, a partir del 31 de julio, para que el gobierno de México responda a esta resolución y ponga en marcha las medidas correctivas necesarias.
En conferencia de prensa para informar sobre esta decisión, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que este es el primer dictamen en su tipo contra el Estado mexicano y cuyos efectos jurídicos son mayores a los de una recomendación. Asimismo, planteó la necesidad de que se eliminen de las leyes mexicanas los delitos de difamación y calumnias y otros que se utilizan para criminalizar el ejercicio del periodismo.
Después de su detención en Quintana Roo en 2005, Lydia Cacho denunció agresiones a su persona por parte de policías de Puebla, ello luego de publicar una investigación que implicaba al entonces gobernador de la entidad Mario Marín y a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri en una red de abuso sexual infantil.
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