Comienzan en Costa Rica las audiencias de la CIDH sobre casos Atenco y Texcoco

Comienzan las audiencias de la CIDH sobre los casos Atenco y Texcoco
José Meléndez/El Universal

Esta mañana dio inicio la primera de las dos audiencias programadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, por el caso de 11 mexicanas presuntamente víctimas de violaciones, torturas y agresiones durante operativos de agentes estatales de seguridad en los municipios mexiquenses de San Salvador Atenco y Texcoco.

En la sede de la CIDH en Costa Rica, Norma Aidé Jiménez Osorio, una de las 11 mujeres denunciantes, al rendir el primer testimonio ante la Corte, dijo que la “tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha costado reconstruirnos solas”.

“Estamos diciendo la verdad”, argumentó, al pedir “que se haga justicia” para que “estos hechos no vuelvan a ser repetidos” y se investigue la “cadena de mando” responsable de los ataques. “Queremos la verdad y queremos la justicia”, ratificó.

Luego del testimonio de Jiménez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el Estado mexicano reconoció en 2013 su responsabilidad en el caso.

El Estado mexicano está acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Los ataques ocurrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 en “detenciones y traslados” en actos policiacos en esos municipios, durante los “conflictos y protestas de floricultores y otros grupos”, de acuerdo con el recuento que la Corte emitió al informar sobre las dos vistas públicas.

La comisionada Margarette May Macaulay, delegada de la CIDH en la cita, abrió el debate con un repaso de los sucesos, e insistió en que luego de este proceso judicial es necesario que se logre la “no repetición” de las torturas, violaciones sexuales y demás ataques.

La audiencia de hoy empezó a las nueve horas (tiempo local y del centro de México) y está previsto que concluya hacia las 18:00. La de mañana tendrá verificativo de las 08:30 a las 11:00 horas.

El proceso es presidido por Roberto Caldas, acompañado por los jueces Elizabeth Odio, Patricio Pazmiño, Humberto Sierra, Eugenio Zaffaroni y Eduardo Vio Grossi. Las sentencias se espera que estén listas para 2018, con medidas de reparación y otros reclamos de las denunciantes. La sentencia es obligatoria y vinculante para México.

Las presuntas víctimas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y Romero.

En su testimonio, Jiménez Osorio describió atrocidades y torturas cometidas por los policías mexicanos. En los disturbios en San Salvador Atenco, los policías “me manosearon” y metieron “sus manos en mi blusa”. Al relatar que fueron detenidas, explicó que en ningún momento se les informó sobre las causas del arresto y recordó que los agentes estatales de seguridad que participaron en el operativo policiaco la calificaron de “puta”.

“No puedo dormir”, contó, al advertir que por las agresiones sexuales que sufrió “me cuesta trabajo” mantener relaciones con hombres. Al inicio de su comparecencia, Jiménez subrayó que el día de los disturbios acudió a la zona de los hechos como representante de una revista mexicana.

“No olvidamos que el Estado mexicano es el responsable” de lo ocurrido en los dos municipios. Las once mexicanas son representadas por las abogadas Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instancia hemisférica no estatal, y por Stephanie Brewer y Araceli Quirós, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México.

La representación del Estado mexicano es numerosa; se encuentran entre otros el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales, la funcionaria de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, y el fiscal general del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

La Comisión, además de May Macaulay, es representada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano, asesora. El proceso fue elevado en septiembre de 2016 a la Corte por la Comisión.

(Con información de El Universal)

aml

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