La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) investiga 47 posibles actos de tortura cometidos por autoridades en la detención de los probables responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijera durante la entrega de su informe final que al menos 17 detenidos habían alegado tortura durante su detención o traslado a las sedes de la SEIDO, la CNDH precisó que sí realiza las investigaciones para determinar si las acusaciones contra de los agentes son verdaderas.
La Comisión informó que abrió cuatro expedientes de queja por posibles actos de maltrato durante la detención; 11 por presunta detención arbitraria y 47 por la supuesta comisión de actos de tortura.
El organismo detalló que para realizar las investigaciones solicitó información a la PGR, a Centro Federales de Readaptación Social, así como a Juzgados Federales.
“Peritos médicos y peritos psicológicos de este organismo nacional, en apego a lo dispuesto por el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, -conocido como ‘Protocolo de Estambul’, efectuaron en los centros de detención y reclusión la valoración clínica, entrevista y evaluación psicométrica de todos los quejosos con la asistencia del visitador responsable de la integración del caso”, se lee en el comunicado de prensa.
Asimismo, se refiere que la CNDH intercambio información con el GIEI respecto a estos presuntos actos de tortura, desde la presentación del estado de la investigación del Caso Iguala, presentado por el organismo nacional a mediados de 2015.
Por otra parte, la Comisión reconoció el trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que integró las observaciones de su informe en la averiguación independiente que está realizando.
Resaltó “la coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus informes –más de 20- con las Observaciones y Propuestas que la CNDH previamente dirigió a diversas autoridades federales”.
mahy
