jueves 18 abril 2024

CNDH interpone ante la SCJN recursos de inconstitucionalidad contra la ley de réplica

por etcétera

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia de Derecho de Réplica por considerar que parte de sus artículos son ambiguos y no obedecen otros derechos amparados en la propia Carta Magna


Cuatro días después de entrada en vigor dicha legislación, la CNDH explicó en un comunicado que, según su perspectiva, la ley “no cubre con los estándares constitucionales que sobre el derecho a la libre manifestación de ideas y el propio derecho de réplica garantiza la Carta Magna, además de que genera incertidumbre jurídica en los destinatarios de la norma”.


Por ejemplo, dice que la ley señala como “sujetos obligados a las agencias de noticias, a los medios de comunicación, a los productores independientes y a cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, sin que en este último caso precise qué se debe entender por 'cualquier otro emisor de información'”.


Lo anterior -explican- permite una “interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley de réplica y, por lo tanto, de sus consecuencias y sanciones”.


En ese sentido, con respecto a las multas cuestiona que no se indiquen los parámetros de individualización de la sanción entre el monto mínimo y máximo, “la Ley del Derecho de Réplica hace que el encargado de imponer la multa aplique de manera discrecional la cuantía de la misma, debido a que no tiene referente ni criterios legales para aplicarla, lo que contraviene la Constitución al no dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada”.


La CNDH comentó que si bien es cierto existe el derecho de réplica, éste debe coexistir con la libertad de expresión y “la ley relativa no debe significar una expectativa de riesgo para el ejercicio armónico de ambas prerrogativas, puesto que deben ser ejercidos en función del principio de interdependencia”.


De igual forma recalcó que los servidores públicos deben estar sometidos a un escrutinio más amplio, con base en los criterios y estándares internacionales que al respecto se han emitido.


Aún así el organismo se comprometió a vigilar el correcto empleo de la legislación con el fin de evitar abusos y aplicaciones arbitrarias que inhiban o limiten el ejercicio de la libertad de expresión y el propio derecho de réplica.


 


Proceso se ampara contra la ley de réplica


Apenas entró en vigor la ley y la revista Proceso se amparó contra la misma. Según explicó Jorge Carrascon Arraizaga en un artículo de su reciente edición impresa, la norma vulnera la Constitución “al menoscabar la libertad de expresión y el derecho a informar”.


Los abogados que presentaron el recurso legal, Luis Miguel Cano y Graciela Rodríguez, sostienen que el “derecho de réplica no puede estar basado en la verdad y exactitud de las ideas porque significaría ajustar la libertad de expresión e información a un estándar contrario a la libre circulación de las ideas”.


Para efectos de la ley, derecho de réplica se entiende como “la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones publicadas por medios de comunicación, relacionados con hechos que la mencionan, que sean inexactos o falsos”.


La persona moral o física que desee hacer valer su derecho deberá comprobar que la información emitida es errónea. En su artículo 8° la ley además precisa que éste derecho es improcedente cuando se trate de apreciaciones o comentarios que forman parte de la opinión personal de quien la emite.


Proceso en diversas ocasiones ha publicado notas erroneas o con declariones interpretadas por sus reporteros, y en la mayoría de los casos no ha ofrecido disculpas a los lectores y afectados. Un caso reciente fue el del exgobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien acusaron de supuestamente haber dicho que el gobierno federal quería arrasar con la normal de Ayotzinapa en una conversación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamada por cierto nunca existió.


 


ahea

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