viernes 19 abril 2024

CJF cesa a cinco funcionarios tras hallar dinero en efectivo en vehículo oficial

por etcétera

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este viernes que fueran cesados cinco de sus funcionarios tras el hallazgo de una camioneta con la cajuela llena de dinero, y la cual pertenece al área de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.


A través de un comunicado de prensa, el CJF informó que el viernes pasado, tras recibir una denuncia anónima, localizaron el vehículo en el estacionamiento de sus instalaciones y dieron parte al presidente Consejo, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien ordenó la intervención de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.


Posteriormente, se entabló una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), “la cual tiene a su cargo desde ese momento todas las investigaciones ministeriales, incluso la determinación del monto del efectivo encontrado”.


Resultado de ello, “el pleno del CJD determinó la separación del cargo de cinco servidores públicos de dicha dirección general”, pero se reservaron el nombre de los funcionarios para no afectar la investigación.


La información se da a conocer de manera oficial luego de que Reforma, en su versión impresa del viernes, difundió lo sucedido en primera plana con base en fuentes del gobierno federal.


Según el reporte del rotativo, en la cajuela del vehículo se localizaron cuatro millones de pesos en efectivo. El director de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, se deslindó de los recursos.


Durante toda la semana, de acuerdo con las fuentes de Reforma, la PGR interrogó a varios funcionarios, entre ellos Pérez Maqueda, quien insistió en que el dinero le fue sembrado ya que el estaba en Nayarit cuando ocurrieron los hechos.


El diario afirma que entre los cinco funcionarios cesados está Francisco Javier Pérez, quien entre 2015 y 2016 fue responsable de adjudicar contratos para la construcción de seis palacios de justicia y ocho centros de justicia penal, los cuales tenían un costo total de cinco mil millones de pesos.


 


mahy

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