viernes 19 abril 2024

Caso Robles: sale el juez Padierna y suspenden inhabilitación de la SFP

por etcétera

Debido a que pasará a ser juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, como lo decidió el Consejo de la Judicatura Federal, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, dejará el caso de Rosario Robles Berlanga.

Según información de El Universal, el abogado de la inculpada, Julio Hernández Barros, comentó que “es lo mejor que pudieron hacer. Es increíble que el Consejo de la Judicatura pueda dejar como juez a una persona que estuvo viendo sus propios intereses, los de su familia y los políticos en lugar de hacer justicia”.

El próximo mes concluye el periodo de investigación complementaria en el proceso contra Robles, plazo en el que la Fiscalía General de la República tendrá que presentar acusación formal contra la exfuncionaria. Pero en la siguiente audiencia ya no estará el juez Delgadillo Padierna, quien en agosto pasado fue quien vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Rosario Robles, la que se mantiene pese a los alegatos de la exfuncionaria.

Desde octubre pasado los abogados de la política habían considerado que Delgadillo Padierna “no ha sido digno de la alta investidura que porta, ni acorde con los parámetros constitucionales, convencionales y legales que rigen la actuación judicial”.

Por su parte, la tía del juez, la diputada por Morena Dolores Padierna, defendió a su pariente al afirmar que es un juez joven “con una trayectoria impecable, prístina”.

Otra buena noticia para Robles es que hoy la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, determinó conceder la suspensión definitiva de la inhabilitación que había sido ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal.

Por lo anterior, mientras se resuelve el juicio queda sin efectos la sanción contra Robles que le impedía ocupar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por 10 años.

Además, tampoco será incluida en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, ya que la magistrada consideró que con la resolución de la SFP “se perjudicaría el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación”.

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