Como dice el refrán: “salió más caro el caldo que las albóndigas” o dicho de otro modo, ha salido más caro “ahorrar” para construir el Aeropuerto de Santa Lucía (bautizado en redes sociales como la Central Avionera) que gastar miles de millones en una obra fifí plagada de corrupción neoliberal y “jugosos negocios de una minoría rapaz” que ya estaba iniciada.
Según información revelada este 20 de febrero por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha la cancelación del Aeropuerto de Texcoco lleva pagados 163 mil 540 millones de pesos y se calcula que en los próximos años erogará 168 mil 426 millones más, hasta llegar a 331 mil 996 millones 517 mil pesos. Existe la probabilidad de que sea aún más, ya que hay costos que no están claramente cuantificados.
Pero, citando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al construir el Felipe Ángeles “nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos, porque se tomó una buena decisión”. Esto lo declaró en octubre de 2020, al tiempo que dijo que dicho aeropuerto representaría una inversión de 75 mil millones de pesos.
Al margen de que en 2021 ese monto ya se ha incrementado a más de 82 mil millones, hay que considerar que lo que se lleva visto de Santa Lucía no es, ni de lejos, una obra que amerite que se haya gastado una cantidad tan colosal en cancelar un proyecto en marcha y de mucha mejor planeación y ejecución.
Haciendo sumas muy elementales, y partiendo de los datos disponibles en la prensa, entre lo que el gobierno ha gastado hasta la fecha en cancelar Texcoco y lo que prevé (al momento) gastar en Santa Lucía, el erario ha recibido un zarpazo de alrededor de 245 mil millones de pesos. Más del supuesto “ahorro” del que se ufana el presidente. Ya sumando lo que falta por pagar, la cantidad alcanza para pagar 4 aeropuertos como el de Santa Lucía.
De acuerdo con datos de la tercera entrega de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México sumará una erogación de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos. De esos casi 332 mil millones, ya se llevan pagados alrededor de 163 mil millones.
El gobierno federal estimó, en abril de 2019, que la cancelación costaría 100 mil millones de pesos.
Cuatro meses más tarde, en agosto de 2019, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes informó que la cancelación había costado 71 mil millones de pesos.
Debido a que, según AMLO, muchos empresarios querían hacer “jugosos negocios” con la obra por medio de contratos “corruptos”, al llegar a la presidencia inició el proceso de cancelación de la obra, que ya llevaba un significativo grado de avance e inversión.
Cancelarlo significó pagar a los inversores elevadas cantidades por la terminación anticipada de los contratos, costas legales, bonos de deuda y otros rubros.
De acuerdo con el informe de la ASF, en la estimación original de la SCT no se contemplaron “las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”. Se incluyeron, en el cálculo que se dio a conocer en abril, únicamente “la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos”.
Del costo total de la cancelación, 163 mil 540 millones se pagaron en 2019. Aún hay muchos compromisos por cubrir, de ahí que se estime que, por lo menos, se erogarán 168 mil millones más.
Pero, según la ASF, el monto aún podría ser mayor, ya que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la entidad encargada de negociar la cancelación del megaproyecto, no incluyó en los datos disponibles los costos por juicios, las demandas ni la liquidación de algunos contratos que aún siguen vigentes.
Según el GAM en 2019 seguían vigentes 51 de 692 contratos. Según el organismo, de esos 51 se cancelaron anticipadamente 23 ese mismo año. De los otros 28 aún no hay información.
Para ese mismo año estaban en marcha 41 juicios de amparo, un juicio contencioso administrativo y dos demandas internacionales.
La tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2019 realizada por la ASF se realizó durante una reunión virtual en la que estuvieron presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
La tercera entrega constó de 871 informes, los cuales se sumaron a 487 recibidos en octubre de 2020.
