El camino legal para Santa Lucía no está libre: #NoMásDerroches

El Colectivo #NoMásDerroches negó tajantemente que el gobierno federal esté libre de obstáculos en relación con el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, tal como ha difundido, debido a que los “juicios se seguirán litigando” además de que la SEDENA no está autorizada, por ley, a construir aeropuertos con operaciones civiles, sobre lo cual no se ha fallado.

Además, no se ha dictaminado y certificado ningún Proyecto Ejecutivo y se carece de un Plan Maestro actualizado. También faltan los estudios de aeronavegabilidad y orografía encargados por el gobierno federal a una empresa privada. Tampoco se han dado a conocer los estudios de impacto arqueológico. Todo ello se erige en un conjunto de obstáculos legales que aún falta por dirimir.

“De iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para construir un aeropuerto internacional, se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas”.

En comunicado de prensa emitido el miércoles, el grupo que se ha opuesto a la cancelación de las obras en Texcoco se pronunció respecto al anuncio hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que este jueves dará el banderazo de salida y las obras seguirán hasta que se termine el aeropuerto.

“Como era de esperarse, el día de hoy (miércoles 16 de octubre) fue revocada la última de las suspensiones definitivas que el colectivo #NoMasDerroches había obtenido en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)”. Y criticó el que la Suprema Corte de Justicia no haya atraído dichos procesos, a pesar de la petición hecha por el colectivo.

Admitió que judicialmente, en el presente momento existe el permiso para iniciar las obras, pero eso no implica que en algún momento no se dicten nuevas suspensiones ya que los 140 amparos sobre los que no se ha fallado continúan “y se seguirán litigando hasta que concluyan de manera definitiva todos los expedientes

Señaló que el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos señala con claridad que un aeropuerto con operaciones civiles solo puede ser construido por una sociedad mercantil con un título de concesión en la materia. La Sedena, como dependencia militar, carece de dicha autorización.

Además, enfatizó, no se ha hecho de manera correcta la consulta a todos los pueblos originarios de la zona, sino tan solo a unos cuantos, lo cual también es un requisito que falta por cumplir y una irregularidad.

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