La Secretaría de Bienestar debe responder a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades en torno a la contratación y la labor de los denominados Servidores de la Nación, mediante lo cual se desviaron recursos con fines meramente políticos, insistió el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano Grijalva.
Ante los señalamientos de la dependencia que pretenden justificar el trabajo político que realizan dichas personas, el dirigente perredista expuso que, de acuerdo a las observaciones y señalamientos del auditor superior de la federación realizadas a la Secretaría, con motivo de la revisión de la cuenta pública del 2019, se destaca irregularidades en la contratación de dicho personal.
En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones de pesos correspondientes a diversos programas de la Secretaría del Bienestar y uno en particular con relación a la nómina de los Servidores de la Nación, en donde el órgano fiscalizador señala que la dependencia transfirió cinco unidades responsables y un programa presupuestario distinto con recursos públicos federales que la Secretaría de Hacienda autorizó para la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal eventual denominados Servidores de la Nación y no acreditó que los recursos transferidos a tres cuentas bancarias a su nombre se hayan destinado al pago de estos prestadores de servicios.
Por ello, en esta auditoría se determinó un faltante por aclarar de 561.9 millones de pesos dando como resultado, además, ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Además, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se puede observar que el número de plazas del sector central de Bienestar asciende a 3 mil 299, que representan una disminución de 7.7 por ciento con respecto a 2018. Sin embargo, el gasto en servicios personales del sector central de dicha secretaría será 2021 de 5 mil 188.8 millones de pesos, cifra superior en 327.6 por ciento respecto a la registrada a 2018.
“La única razón que explica este comportamiento, es una nómina oculta cuyo fin es el de uso político”, expresó Zambrano Grijalva al señalar que de acuerdo a la ASF en su informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2019, se reporta que con relación a la revisión realizada a la contratación de personal mediante el esquema “Servidores de la Nación” existe un monto por aclarar de más de 3 mil millones.
En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a diversos programas de la Secretaría de Bienestar y uno en particular con relación a la nómina de los Servidores de la Nación.
Un segundo pliego de observaciones, es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.
En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es, casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la figura no existe y fue con cargo al Capítulo 1000 del clasificador de gasto, apartado que corresponde a servicios personales. En 2020 ese personal –por honorarios y sin prestaciones básicas– costó al erario 3 mil 233 millones de pesos.
Zambrano Grijalva expuso que hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha fundamentado la existencia jurídica de dichas personas, incluso la propia ASF señala que, en atención a la primera solicitud de información y documentación notificada a la Secretaría de Bienestar por este órgano, se conoció que este personal fue contratado en 2019, por la Unidad de Coordinación de Delegaciones, con carácter de prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal de carácter eventual, en el marco de lo establecido en el artículo 17-Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le autorizó recursos públicos federales a ejercer en el programa presupuestario P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social”, partidas 12101. Honorarios y 12201 “Remuneraciones al personal eventual”, para la contratación de entre 20,266 y 20,526 prestadores de servicios.
Además, pudo constatarse que la Secretaría de Bienestar transfirió a cinco Unidades Responsables y un programa presupuestario distinto, recursos públicos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó para la contratación de dicho personal y no acreditó que los recursos transferidos a tres cuentas bancarias a su nombre se hayan destinado al pago de dichos prestadores de servicios.
Tampoco comprobó con nóminas, reportes de percepciones, pagos de impuesto y comprobantes fiscales digitales por internet el total de las Cuentas por Liquidar Certificadas que fueron pagadas; se constató que la Unidad de Coordinación de Delegaciones realizó pagos dobles o adicionales a las percepciones estipuladas en sus contratos a diversos prestadores de servicios profesionales por honorarios y que contrató simultáneamente con otras Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar y con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez a diversos prestadores de servicios profesionales por honorarios, sin contar con el dictamen de compatibilidad.
Aunado a ello, la titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar y, el Director General de Recursos Humanos suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios y contrataron personal de carácter eventual, sin que previo a la contratación de cinco personas físicas verificaran si se encontraban inhabilitadas, de acuerdo con el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.
Por tanto, la Secretaría de Bienestar debe aclarar el uso de 561 millones 986 mil 196 pesos del esquema de contratación de los “Servidores de la Nación”, el “ejército de brigadistas” creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la difusión y registro a los programas sociales del gobierno federal y que actualmente forma parte de las brigadas para la vacunación contra el COVID-19.
