Después de una prolongada sesión que concluyó hasta las primeras horas de este martes, el Senado aprobó con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones la Ley de Austeridad Republicana, en la cual se autoriza una partida secreta, cuyo destino de sus recursos será atribución del Ejecutivo Federal.
En el Artículo 61 de la normativa aprobada, se establece que los ahorros que se obtengan del plan de austeridad que aplica el gobierno federal deberán ser destinados a los programas del Plan Nacional de Desarrollo o de otros, que por decreto determine el titular, es decir, el Presidente de la República.
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o el destino que por decreto determine el titular”, se lee en el proyecto.
De acuerdo con el reporte de Proceso, senadores de oposición como el panista Julen Rementería, cuestionaron que se vuelva a prácticas que ya habían sido superadas y a disposiciones que se habían eliminado de las leyes mexicanas como es el caso de la partida secreta para el presidente y lamentó que Morena haya impuesto su mayoría para este propósito.
“Aprobando este artículo 61 es autorizar la partida secreta para la Presidencia de la República en este país, algo que precisamente hace varias legislaturas a nivel federal se cuestionó y se eliminó y hoy la traemos de nuevo, la actualizamos y se la damos al presidente para que haga con esos recursos lo que le plazca a través de un decreto, y luego, si bien nos va, nos daría cuentas”, expuso.
Su compañera de bancada Cecilia Márquez consideró que al dictamen aprobado se le debería denominar “Ley de Corrupción Republicana, pues es inadmisible se le otorgue un cheque en blanco al Presidente de la República para que haga un uso discrecional de los recursos públicos, por ejemplo, usarlo con fines electorales.
Otro punto controvertido en la Ley de Austeridad, fue la prohibición para que servidores públicos puedan trabajar, al término de sus encomiendas, en empresas privadas con las que hayan tenido algún tipo de relación durante su desempeño como funcionarios y que pudieran contar con información privilegiada; la polémica se agudizó luego de que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusiera ampliar de cinco a diez años el periodo de restricción, lo que los senadores de oposición calificaron como un despropósito.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados toda vez que se le hicieron una serie de modificaciones durante su discusión en la Cámara alta.
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