Echando mano de una argucia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), evadió entregar al juez Carlos Guzmán Rosas la documentación relativa a la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo que le provocó que el magistrado le conminara a cumplir la orden en un plazo determinado, so pena de ser multada.
De acuerdo con documentos revelados por el periodista Carlos Loret de Mola, el juez Guzmán pidió a la Sedena que, como parte de uno de los juicios de amparo abiertos en contra de la construcción del aeropuerto, le hiciera llegar copia del expediente administrativo del proyecto, queriendo decir con ello que le fuera entregada toda la información en poder de la Sedena relacionada con la obra.
La respuesta de la secretaría fue tramposa.
En un oficio con fecha 28 de octubre y firmado por Antelmo Alarcón Rosales, la Sedena responde al juez que “en esta Secretaría de Estado no existe ningún “expediente administrativo” relacionado con la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por lo tanto, tampoco existen actuaciones practicadas por el mismo”.
Y agrega que para cumplir el requerimiento, se le pida a la parte quejosa (quienes se ampararon en contra de la obra) “que señale con precisión la documentación requerida”, para remitirla al juzgado.
De esta manera, al decir tramposamente que no posee nada llamado (literalmente) “expediente administrativo”, la Sedena finge demencia y condiciona el envío de documentación a que se le señale “con precisión” qué documentos requiere, como si el demandante los conociera uno a uno.
Precisamente, la petición del juez de un “expediente” alude al total de documentos relativos a un caso, un hecho o un procedimiento, pero la Sedena fingió no entender para no entregar información.
En respuesta emitida el 29 de octubre, el juez Guzmán Rosas señala con acritud a la Sedena que la petición negada (del 21 de octubre), fue la segunda en que se pidió la documentación y, para total claridad ya no usa la expresión “expediente administrativo”, sino únicamente “lo relativo al proyecto”:
“Requiérase nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos” esta notificación, “remita en dvd certificado lo relativo al proyecto “la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base área militar 1 (Santa Lucía, Estado de México)… apercibido de que en caso de ser omiso al respecto… se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización”.
De acuerdo con el abogado Gerardo Carrasco, uno de los representantes jurídicos del Colectivo No Más Derroches, el gobierno federal carece de los estudios, acuerdos, permisos y prospectivas necesarios para construir el aeropuerto en Santa Lucía. En septiembre pasado señaló que el Aeropuerto en Texcoco contaba con más de 140 estudios de diversas clases que avalaban la pertinencia y funcionalidad de la obra.
En el caso del aeropuerto en que se ha empeñado López Obrador, dijo, no hay estudios de impacto ambiental, espacio aéreo, impacto arqueológico, consulta a las comunidades aledañas, entre otros muchos.
Esto, a pesar de que el presidente ha señalado en múltiples ocasiones que el único obstáculo legal que detenía la obra era la “lluvia de amparos” presentada por sus adversarios, “los conservadores”. Sin embargo, no ha demostrado, con la documentación pertinente, que el proyecto cuenta con el debido fundamento técnico y legal.
