Para la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), proponer un sistema de gratuidad “ciego y a ultranza” para la educación superior, puede afectar a las universidades públicas que hoy aún gozan de una buena situación financiera, agravar la crisis de las que padecen problemas económicos, y ser regresivo para impulsar mayores oportunidades.
En un comunicado, el órgano empresarial aludió a la propuesta del próximo gobierno de crear 100 nuevas universidades públicas y consideró que antes de ello, sería deseable fortalecer la capacidad física y operativa de la infraestructura ya existente en las distintas instituciones públicas de educación superior en sus diferentes modalidades.
Se pronunció asimismo por analizar, “sin tabúes”, la posibilidad de instaurar un sistema de cuotas recuperación para quienes tengan capacidad de pagarlas, a fin de garantizar su viabilidades financiera en el mediano y largo plazo.
La Coparmex dejó en claro que coinciden con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar la educación en México y hacer de ésta el motor detonar las oportunidades de desarrollo que el país requiere. Sin embargo, apuntó que el entorno internacional exige una modernización constante de los mecanismos de formación del conocimiento y aprovechamiento de las tecnologías. Las instituciones de educación superior juegan un papel principal en este proceso.
“En ese contexto, México requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad, que a nivel macroeconómico garantice la productividad de la fuerza laboral, al tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus objetivos personales de bienestar”, indica el documento.
También propuso impulsar desde el Gobierno Federal, un plan de convenios con diversas universidades privadas de calidad reconocida, para que aquellos aspirantes que cumplan con los perfiles académicos de ingreso, puedan obtener de forma transparente, becas parciales o totales de los gobiernos federal y estatales, y de esta manera, ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes de menores ingresos.
“Los objetivos deben ser mejorar la articulación de las instituciones educativas y el poder público, establecer atribuciones claras para cada uno de los tres niveles de gobierno en la materia y generar una coordinación provechosa entre todas las instancias”, señala el boletín.
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