Ante silencio de AMLO, RSF revela informe enviado a la Corte Penal Internacional sobre crímenes contra periodistas

Foto: Cuartoscuro

La organización Reporteros sin Fronteras dio a conocer el documento completo que, hace seis meses, presentó ante la Corte Penal Internacional demandando del gobierno mexicano medidas urgentes de protección a periodistas. Esto, ante la falta de respuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador.  

En dicho documento, que es una presentación del caso mexicano ante la CPI, se señala que los crímenes contra periodistas “han afectado a 23 de los 32 estados de la República Mexicana, lo que representa cerca de 90% del territorio nacional. La plaga de la violencia contra los  periodistas se ha extendido por todo el país”.

También se afirma tajantemente, en referencia al gobierno de López Obrador, que “está fuera de duda la incapacidad o falta de voluntad del gobierno del país para investigar los casos, perseguir y juzgar a los culpables, dar atención a las víctimas, de acuerdo a las normas internacionales”.

En comunicado de prensa adjunto a dicho documento, RSF informó tambiénque la semana pasada su representante legal, Paul Coppin, se reunió con la fiscalía de la CPI para preguntar sobre los avances del análisis de dicho informe y exhortar a que se abra un investigación en dicho tribunal de justicia internacional.

“A seis meses de que se envió esta comunicación a la CPI, RSF y Propuesta Cívica han decidido hacer público el documento oficial para reiterar nuestro llamado al gobierno mexicano, de cumplir con sus obligaciones de prevención, respeto y garantía, así como hacer uso de todos los recursos que disponen las autoridades para investigar de manera eficaz los crímenes cometidos contra periodistas”, dijo la ONG, en comunicado de prensa emitido el lunes.

Ya son seis meses de que RSF “acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos contra periodistas en México, nuestra organización recuerda al Estado mexicano que es apremiante una respuesta y la implementación de un plan de urgencia para que se haga justicia”.

En el comunicado, colocado en su sitio web, la organización internacional de defensa de periodistas, RSF, recordó que el 12 de marzo del 2019, el gobierno de López Obrador, por medio de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue informado del documento enviado a la Corte Penal Internacional, en el que se informa de la grave situación que viven los periodistas mexicanos.

El documento legal se titula Presentación para la Corte Penal Internacional en virtud de los artículos 15 (inciso 1) y 53 del Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas en México entre 2006 y 2018 y tiene como finalidad que la CPI abra una investigación sobre el caso mexicano.

En dicho documento se afirma que de 2006 a 2018 se han cometido 102 asesinatos de periodistas y efectuado 14 desapariciones, lo que convierte a México en “el país de América más peligroso para los periodistas”.

La ONG enfatizó que ya pasaron 6 meses de que se urgió al gobierno mexicano a tomar medidas para revertir esta situación de violencia y resolver la elevada impunidad de los crímenes contra periodistas, que es del orden de 99%.

En la reunión realizada en marzo, se exhortó al gobierno a declarar un “estado de emergencia” e implementar un plan contra la impunidad “y a respetar los compromisos internacionales adquiridos por México en lo relativo a la protección de periodistas”.

“No obstante, el gobierno no ha emprendido ninguna medida tras este llamamiento; en repetidas ocasiones RSF ha recordado al Presidente de la República a que acuda ante la CPI para que cuente con la evaluación y la colaboración del organismo internacional en la instauración del plan de urgencia para que se haga justicia y pongan freno a las agresiones contra la prensa que han colocado a México en el país más mortífero y peligroso del mundo para ejercer la libertad de expresión. Hasta ahora no se ha obtenido ninguna respuesta efectiva”.

En el documento presentado ante la CPI, RSF argumenta que el caso mexicano es totalmente admisible ante la corte por su nivel de gravedad. Refiere que hay cuatro criterios para medir el “umbral de gravedad” de un caso y que en el de los periodistas en México se cumplen todos.

“El estudio de la gravedad suficiente es cuantitativo y cualitativo; se evalúa a partir de cuatro factores reconocidos como criterios legales:

– Escala de los crímenes

– Naturaleza de los crímenes

– Manera en que se cometieron los crímenes

– Impacto de los crímenes

Se cumplen todos los criterios”.

“Cuantitativamente, los crímenes señalados en este documento ascienden a: 102 asesinatos y 14 desapariciones de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018; del mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa al de Enrique Peña Nieto”.

Es decir, que RSF considera como un escenario alarmante la situación de los periodistas, aún sin contabilizar los asesinatos cometidos durante el sexenio actual (la cuenta es variable, dependiendo de los criterios que se empleen).

Además, argumenta que la situación es admisible ante la corte debido a sus graves efectos sobre la sociedad mexicana.

Los crímenes “son similares a las que se registran en las zonas  de guerra más letales del mundo. En segundo, porque los crímenes cometidos contra periodistas no son delitos ordinarios: son perpetrados para hacer callar a quienes difunden información. Sin la labor  de los periodistas no puede existir un debate democrático; estos contribuyen a que los líderes políticos y las instituciones públicas rindan cuentas y dan voz a quienes son poco escuchados. Por lo tanto, toda la sociedad mexicana debe considerarse una víctima indirecta de estos crímenes”.

El análisis dice a la CPI que es indispensable abordar esta situación, dado el papel fundamental que desempeñan los periodistas en México, país “invadido” por la corrupción, “ya que actúan como ‘perros guardianes’ que protegen el interés público frente a las prácticas ilícitas de funcionarios y contribuyen a crear conciencia entre la población”.

Insiste en la gravedad de la situación al decir que la forma en que se cometen estos crímenes tiene un efecto “escalofriante” en los periodistas. Cita casos emblemáticos, como el de Miroslava Breach.

“Miroslava Breach era una reconocida periodista, corresponsal en Chihuahua del diario nacional La Jornada, que a menudo cubría temas políticos, sociales y relacionados con la corrupción. El 23 de marzo de 2017, cuando se encontraba en su auto, le dispararon varias  veces, enfrente de uno de sus hijos. El asesino dejó una nota que decía: “Por lengüona”.

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