Un estudio de Amnistía Internacional (AI) muestra que en el Estado de México hay fallas graves en la investigación de feminicidios precedidos de desaparición, que van desde la pérdida de evidencias hasta la revictimización de familiares, deficiencias que, afirma, son “parte de una realidad más amplia del país” que facilita la impunidad.
En el documento Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, AI analiza cuatro casos en los que destaca algunos puntos: evidencias son extraviadas, no se analizan suficientemente las diversas líneas de investigación, no es aplicada la perspectiva de género y hasta se revictimiza a las familias afectadas.
Por las fallas anteriores, AI afirma lo siguiente: “Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación”.
Cabe destacar que en las investigaciones de los feminicidios, anota AI, las familias son la que se convierten en el principal motor de la investigación y que asuman costos en gasto y tiempos para procurarla. Además, son víctimas de amenazas por parte de los delincuentes y, peor aún, de las autoridades, que pretenden silencio alrededor de los casos.
Asimismo, AI destaca carencias de los servidores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo las investigaciones, como sobrecarga de trabajo y falta de insumos, como los pocos vehículos con los que cuentan. También subraya la necesidad de mayor formación profesional entre los investigadores, especialmente en conocimientos técnicos.
La organización internacional considera que las deficiencias que halló en los cuatro casos analizados en el Estado de México no se limitan a esa entidad, sino que por experiencias anteriores (muy destacadamente la de Ciudad Juárez) se “sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención no son anecdóticas del norte de México, sino que forman parte de una realidad más amplia del país”.
Esas graves deficiencias en investigaciones, señala la organización, han sido denunciadas desde antes por organizaciones de la sociedad civil, expertas y titulares de derechos.
El estudio señala que las deficiencias reportadas facilitan que los casos queden impunes porque la pérdida de evidencias dificulta localizar tanto a las víctimas como a los responsables de las agresiones. Asimismo, por ello los casos no son sólidos, lo que facilita que los jueces absuelvan a los victimarios.
Por ello el Estado mexicano, considera AI, persiste tanto en su omisión del deber de investigar como en la violación de los derechos de acceso a la justicia.
