Durante el proceso electoral de 2021, entre abril y junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, incurrieron en ilegalidades como difundir propaganda en periodo prohibido, faltaron a la imparcialidad y a la equidad y usaron indebidamente recursos públicos, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su sesión del jueves, la Sala Especializada del TEPJF trató el asunto de las conferencias de prensa presidenciales durante el periodo electoral del año pasado. Tras un análisis, encontró que en todas las sesiones que hubo entre el 5 de abril y el 2 de junio, excepto las del 4 y el 10 de mayo, fueron difundidas acciones y logros del gobierno federal con el fin de obtener la adhesión o la persuasión de los ciudadanos, además de que se habló de temas electorales, como cancelación de candidaturas, llamados a cuidar el voto y a evitar fraudes, por ejemplo.
Por ello, la Sala Especializada consideró que en esas conferencias de prensa hubo diversas violaciones a las leyes en materia electoral: difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, fueron vulnerados los principios de imparcialidad y equidad y también uso indebido de recursos públicos.
Esas ilegalidades fueron atribuidas al presidente López Obrador; a Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y a Erwin Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos, entonces director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). Estos dos últimos funcionarios también fueron considerados responsables por ser los encargados de la organización, producción y difusión de las conferencias de prensa.
Ahora el TEPJF dará vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que corresponda a las ilegalidades cometidas por López Obrador, Ramírez Cuevas y Neumaier de Hoyos.
El TEPJF también determinó establecer sanciones a concesionarias de radio y televisión que transmitieron las conferencias de prensa en las que los funcionarios incurrieron en ilegalidades.
