Según el exdirector de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Francisco Javier Pérez Maqueda, los cuatro millones de pesos encontrados en su vehículo, le fueron “sembrados” en represalia por ventilar presuntos actos de corrupción en la licitación para la construcción del nuevo edificio del Poder Judicial en Apizaco, Tlaxcala.
En entrevista para el periódico Reforma, Pérez Maqueda se dijo víctima de una maquinación por parte de Rosa María Vizconde, secretaria de Administración, y Marino Castillo Vallejo, Contralor del Poder Judicial de la Federación, de engañar a los consejeros de la Judicatura, toda vez que el día en que se encontró el dinero, él se encontraba de comisión en Nayarit, junto con otros colaboradores suyos a los que se pretende involucrar en los hechos.
El exfuncionario considera que el origen se encuentra en las denuncias que hizo acerca del proceso de licitación ya referido, en el que la firma PQ Servicios e Infraestructura le informó que “unas personas” ofrecieron el contrato a cambio de 15% de comisión. Agregó que cuando la obra fue licitada, se descubrió que la empresa Desarrollos Residenciales Turísticos tenía en su poder tres documentos vinculados con la licitación, antes de que fuera pública, entre ellas la convocatoria y una tarjeta informativa del 9 de mayo de 2016 que Rosa María Vizconde dirigió al contralor Marino Castillo.
Cabe recordar que Erik Zabalgoitia, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Pérez Maqueda un amparo provisional contra cualquier orden de aprehensión, localización y presentación. Para hacer efectiva esta protección, debe pagar una garantía de mil pesos. El 27 de febrero tendrá lugar la audiencia donde se definirá si otorga o no la suspensión definitiva.
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