Acuerda INAI interponer controversia constitucional contra “decretazo” de AMLO

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó por unanimidad, presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo presidencial que cataloga como de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno federal.

Los seis comisionados presentes en la sesión pública de este miércoles, coincidieron en que de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la información pública no puede considerarse como de seguridad nacional a prori, sino hasta después de un análisis profundo de cada caso; por ello, dijeron, el acuerdo emitido por el Ejecutivo da pie para reservar la información aun antes de que ésta se genere.

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, expuso que el acuerdo se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida de que dificulta la difusión y entrega de la información relacionada con las obras de infraestructura, sin que se abra la posibilidad de efectuar una valoración de cada una de ellas.

A su vez, el comisionado Francisco Javier Acuña, explicó que luego de revisar el contenido del acuerdo, se advierten en él riesgos y evidencias de que la interpretación, directa e indirecta, de este acto del Ejecutivo Federal puede menoscabar el derecho a la información que el INAI está obligado constitucionalmente a tutelar.

Los comisionados determinaron que con esta controversia se busca evitar que se interprete, que se puede reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno federal lleve a cabo.  Advirtieron que lo anterior implicaría una transgresión al Artículo 6º de la Constitución, toda vez que el catalogar algo como de seguridad nacional, presupone una reserva de información.

El pleno del INAI subrayó que tras analizarse los alcances del acuerdo presidencial, se determinó interponer este control constitucional con el fin de evitar que los sujetos obligados argumente razones de seguridad nacional, de manera indiscriminada, para bloquear la información relativa a las obras que realiza, ya que ello vulnera el derecho a saber de los ciudadanos.

El INAI cuenta con un plazo de 30 días a partir de esta fecha para interponer la controversia constitucional, tarea que estará a cargo de la dirección general de Asuntos Jurídicos del organismo.

*arg

 

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