El 20 de noviembre de 2014, la policía federal y de la Ciudad de México detuvieron a 11 personas, ya fuera por participar o por estar cerca de las manifestaciones #20NovMx que se realizaron ese día en la capital, para exigir la entrega con vida de los 43 normalistas Ayotzinapa.
Estos hechos están registrados por Amnistía Internacional que denunció en su momento que las 11 personas bajo custodia de las autoridades estaban en peligro de ser sentenciados de manera injusta y que además habían sufrido malos tratos durante su detención. Varios de ellos fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.
Después de nueve días de arresto, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que eran inocentes y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
A un año y cuatro meses de aquellos hechos, las víctimas de este proceso judicial han esperado que las autoridades responsables de la detención y tortura respodan ante un juez penal por los delitos que cometieron contra ellos, además que las dependencias del gobierno que coadyuvaron para presentar las acusaciones restituyan a las víctimas las afectaciones sufridas.
La abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– afirmó en entrevista para el portal AnimalPolítico que “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policíaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito”.
“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes”, señaló la abogada.
Además añadió que no debía ser necesario que las víctimas interpusieran una demanda, sino que la PGR tiene la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de golpes, tortura y fabricación de pruebas, por lo que muestra no sólo las irregularidades dentro de la institución sino su ineficacia.
La demanda presentada está firmada por cinco de las 11 personas que fueron detenidas durante los operativos del #20NovMx, además de ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Franciso Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan Martín Pérez García y Lydia Cacho.
El objetivo final que se plantearon el colectivo y las víctimas es obligar a las autoridades a realizar una investigación real de los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión.
iesz
