En 1971 el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano promulgó una nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que prácticamente suprimía la autonomía de la institución y fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos, quienes declararon una huelga e iniciaron una serie de protestas, que desembocaron en un conflicto político que se tradujo en la matanza, el 10 de junio de ese año (Jueves de Corpus) en la capital de la República.
Habían pasado dos años y ocho meses de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
El gobierno estatal había reducido el presupuesto de la Universidad como “escarmiento” por la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970. Ante el ataque, la comunidad universitaria inició una huelga y emitieron un llamado de solidaridad al resto de universidades del país.
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondieron al llamado y convocaron a una concentración que salió a manifestarse en solidaridad con los alumnos de la UANL, el 10 de junio de ese año, la primera después de que el 2 de octubre de 1968, el Ejército asesinara a cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, había anunciado una apertura democrática de parte de su gobierno, permitiendo el regreso al país de jóvenes dirigentes estudiantiles del movimiento de 1968 orillados al exilio para proteger sus vidas. También liberó a algunos presos políticos, entre ellos José Revueltas y Heberto Castillo.
La Masacre del Jueves de Corpus, también llamada El Halconazo
La marcha, que aglutinó a cerca de 10 mil personas según las crónicas de la época, comenzó en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba para dirigirse al Zócalo capitalino.
Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Había tanques antimotines sobre Melchor Ocampo junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del Colegio Militar y camiones con granaderos el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme.
Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA., conocido como Los Halcones, todos ellos jóvenes de extracción militar, principalmente, y al grito de “¡Viva el Che Guevara!” descargó balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 sobre los manifestantes.
Atacaron a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros después de que los granaderos abrieran sus filas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, y en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los Halcones agredieron a los manifestantes una vez más, ahora no sólo con sus garrotes, sino con armas de fuego. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino y fue simple espectadora.
El tiroteo se prolongó (fueron horas, se dijo años después) y algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, los Halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en los quirófanos, además de intimidar a los internos y al personal médico. El número de muertos fue cercano a 120.
Esa misma noche, el Ejército resguardo Palacio Nacional y el presidente Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.
Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y paradójicamente gobernador de Nuevo León de agosto de 1979 a agosto de 1985, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron la existencia de Halcones; y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros.
Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar (subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal) aceptara que los había, pero no los involucró en la masacre.
Hubo periodistas agredidos y la evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Prensa nacional y extranjera cubría la movilización y fueron agredidos también de forma brutal. A muchos les destruyeron sus cámaras, otros fueron golpeados.
Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él. Durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de “don Halconzo”, en alusión a la Matanza del Jueves de Corpus.
La policía, sin órdenes de intervenir, observó la matanza para después subir por la fuerza a los sobrevivientes a las decenas de patrullas y camiones que estaban en el lugar. El ejército tenía listos transportes en las instalaciones del Colegio Militar. La masacre no terminó cuando por fin se disolvió la concentración, sino que continuaría hasta horas después, en los hospitales de la Cruz Verde y el Rubén Leñero a donde habían trasladado a algunos de los heridos. Intimidando a doctores y enfermeras, hombres armados ingresaron a las salas de urgencias en donde los jóvenes eran atendidos y los asesinaron.
Impunidad oficial; hubo, por lo menos, 120 muertos
La noche del 10 de junio, autoridades capitalinas declararon que se había tratado de un enfrentamiento entre estudiantes y que Los Halcones no existían, que se trataba de una leyenda. Los medios impresos asegurarían que la cifra de muertos no pasaba de los 16, mientras que había testimonios de 30 cadáveres en el hospital Rubén Leñero. Posteriormente se publicaría una lista de 27 nombres y 13 más sin identificar. Hasta hoy, la cifra sigue sin ser exacta, pero no es menor de 120.
En semanas siguientes, mientras Echeverría negaba cualquier participación en los hechos del 10 de junio, renunciarían a sus cargos el jefe de la policía Roberto Flores Curiel y el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas.
Con el tiempo, diversas investigaciones han dado luz al caso, confirmando no sólo la existencia de Los Halcones, sino la participación en su reclutamiento y entrenamiento de la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, por medio de su subdirector, el militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, ex integrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde también surgió el general José Hernández Toledo, uno de los mandos militares que participó el 2 de octubre en Tlatelolco.
Ver más en Gaceta UNAM
