Durante este año, hasta julio, 77 por ciento de los contratos del gobierno federal han sido asignados por adjudicación directa, mientras que por licitación pública apenas han sido poco menos del 13 por ciento, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En el documento “Siete meses de adjudicaciones directas y aún vienen más”, su autor, Leonardo Núñez, analiza los mecanismos utilizado por el gobierno federal, estudio de la base de datos de Compranet, en el que encuentra que durante este año se han realizado 84 mil 372 procedimientos, de los cuales 65 mil 156 (77.2 por ciento) han sido adjudicaciones directas, mientras que licitaciones públicas sólo han sido 10 mil 786 (12.8 por ciento).
Como advierte Núñez, los montos por uno y otro procedimiento son muy diferentes: los contratos han sido por 290 mil 591 millones de pesos, de los que por licitación pública han sido asignados 137 mil 585 pesos (47.4 por ciento) y por adjudicación directa han sido 98 mil 839 millones. El promedio por cada procedimiento es de 12.7 millones y 1.5 millones, respectivamente.
Es en esa diferencia donde Núñez advierte un riesgo importante: que “miles de ‘pequeños’ procedimientos escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática que usualmente sólo se concentran en algunas contrataciones”.
El texto también informa que en las adjudicaciones directas se esconde la corrupción, como el caso registrado en 2019, cuando 561 contratos por 366 millones de pesos fueron otorgados por ese procedimiento a 171 empresas de muy reciente creación.
Entre las instituciones que más adjudicaciones directas han otorgado, destacan tres secretarías: la de Cultura, 99 por ciento: de la Función Pública (SFP), 97 por ciento, y de Bienestar, 91 por ciento. En el caso de la SFP, se destaca que los contratos que ha otorgado por ese mecanismo corresponden a un alto ejercicio presupuestal “pues sus adjudicaciones directas equivalen a 86 por ciento del total de contrataciones hechas en 2020”.
También se señala que en materia de adjudicaciones directas el gobierno actual no se distingue del de Enrique Peña Nieto, que promedió 71 por ciento en su sexenio, mientras que la administración de López Obrador en 2019 tuvo 78.1 por ciento.
Núñez también advierte que no solamente el gobierno sigue el mismo camino de contrataciones del gobierno anterior, sino que lo ha profundizado, ya que con una adición hecha recientemente a la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se amplían las posibilidades de evitar licitaciones públicas.
Así, “en lugar de construir un fuerte aparato institucional para aumentar las capacidades de compra del gobierno, mejorar las leyes existentes y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la tónica parece ser la de la continuidad y la creación de libramientos a la ley cuando ésta estorba”.
