La violencia contra las mujeres se ha vuelto una pandemia, mientras que las legislaciones o prácticas estatales las discrimina, advierte Amnistía Internacional en el reporte “América Latina y el Caribe: el Estado ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres”.
En este informe, la organización internacional apunta que el Estado violenta sistemáticamente los derechos de poblaciones vulnerables como las mujeres, niñas, indígenas y la comunidad LGTTBI, cuando existen leyes, políticas públicas o prácticas violatorias de derechos sexuales y reproductivos.
La organización llevó acabo 31 entrevistas con victimas, doctores, funcionarios y miembros de la sociedad civil, entre agosto y diciembre de 2015. Éstas fueron recogidas en Argentina, Chile, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en las cuales se recaban testimonios sobre las presiones y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En la región hay una tendencia a la protección absoluta al feto llegando a otorgarles preferencia sobre los derechos humanos de mujeres y niñas, comenta AI. Se destaca que ningún organismo internacional de derechos humanos ha reconocido al feto como un objeto de protección en virtud del derecho a la vida. Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros en la región:
“Muy a menudo, las mujeres y niñas de la región sufren maltrato en manos del personal de salud que las atiende o incluso les niegan el servicio que podría salvar sus vidas o su salud, basándose en estereotipos y actitudes discriminatorias”.
Algunas otras formas de violencia que lleva a cabo el Estado, según AI, es la divulgación no consentida de la información médica personal de las pacientes que constituye una violación de la intimidad. Las instituciones públicas estatales deben proteger ese derecho. Sin embargo, la confidencialidad médica en contextos de salud sexual y reproductiva no son respetados como muestra el caso de Michelle en México, a quien las instituciones de salud pública evidenció su condición de paciente con VIH:
“En el Hospotal General pusieron un letrero grande arriba de mi cama con la palabra VIH”, dice Michelle en el reporte.
El informe considera que la violencia contra las mujeres no va a ser erradicada si los Estados de América Latina y el Caribe no modifican sus legislaciones, políticas y practicas discriminatorias en la salud sexual y reproductiva.
iesz
