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Foto: Lynsay Addario

Una mañana de verano de 1999, Shukriya Barakzai se despertó mareada y con fiebre. Según las reglas de los talibanes, necesitaba un maharram, un guardián, para ir al médico. Su marido estaba trabajando y no tenía hijos varones. De modo que le rapó la cabeza a su hija de dos años, la vistió con ropa de niño para hacerla pasar por su guardián, y se puso un burka. Los pliegues azules de la prenda le tapaban las uñas, pintadas de rojo a pesar de la prohibición impuesta por los talibanes. Le pidió a su vecina que la acompañara al médico, en el centro de Kabul. A las 4.30 de la tarde, salieron de la consulta con una receta. Se dirigían a una farmacia cuando un camión de militantes talibanes del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio paró a su lado. Estos grupos se movían habitualmente por Kabul en camionetas en busca de afganos a los que humillar y castigar en público por incumplir su código moral.

Los hombres saltaron de la camioneta y empezaron a golpear a Barakzai con un cable de goma. Siguieron haciéndolo incluso después de que ella cayera al suelo. Cuando la dejaron, se levantó, llorando. Se sentía indignada y humillada. Hasta entonces, nunca la habían golpeado.

“¿Te suena una cosa que llamamos sadismo?”, me preguntaba recientemente Barakzai cuando hablamos. “Es como si no supieran por qué, como si estuvieran simplemente intentando golpearte, lastimarte, faltarte al respeto. Ahora eso es lo que disfrutan. Ni siquiera ellos saben la razón”.

Atribuye a ese momento el nacimiento de su vida como activista. Antes de que la capital de Afganistán se sumiese en la guerra civil, en 1992, Barakzai estudiaba Hidrometeorología y Geofísica en la Universidad de Kabul. Cuando los talibanes, entonces una milicia relativamente nueva, salieron victoriosos en 1996, obligaron a las mujeres afganas a abandonar sus estudios. Mientras se recuperaba de la paliza, Barakzai tomó una decisión: organizaría clases clandestinas para niñas en el amplio complejo de apartamentos en el que vivía con su familia y otras 45 familias más. Más tarde, ayudaría a redactar la constitución afgana y ocuparía un escaño en el Parlamento durante dos legislaturas.

Viajé por primera vez a Afganistán en mayo de 2000, cuando tenía 26 años. En ese momento vivía en la India, cubriendo temas de mujeres en el sur de Asia como periodista gráfica, y sentía curiosidad por saber cómo vivían las mujeres durante el régimen de los talibanes. Afganistán emergía entonces de un conflicto brutal de 20 años —primero la ocupación de los soviéticos y después una prolongada guerra civil— que había dejado Kabul llena de socavones y con pocas infraestructuras en funcionamiento. A mediados de los noventa, los talibanes habían prometido poner fin a la violencia y muchos afganos, agotados de años de inseguridad y destrucción constante, no ofrecieron resistencia al grupo fundamentalista islámico. Pero la paz se produjo a costa de perder libertades sociales, políticas y religiosas.

Cuando hice mi primera visita, los talibanes habían aplicado su interpretación de la sharía, la ley islámica. Prohibieron la educación de mujeres y niñas en prácticamente todas las circunstancias y a las mujeres (excepto selectas médicas autorizadas) no se les permitía trabajar fuera de casa, o ni siquiera salir sin un guardián varón. A las que salían se les exigía llevar burka. Se prohibió para todos cualquier forma de entretenimiento: música, televisión, reuniones de ambos sexos fuera de la familia. La mayoría de los afganos cultos ya habían huido al vecino Pakistán y otras partes; los que se quedaron tuvieron que cambiar de vida para adaptarla a los dictados del régimen opresor.

Al ser una estadounidense soltera, necesitaba encontrar una forma de moverme por Afganistán con alguien que hiciera las veces de marido y sacar fotos sin que me vieran (los talibanes habían prohibido fotografiar cualquier ser vivo). Me puse en contacto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una de las pocas organizaciones internacionales que seguían funcionando en Afganistán, y con el Programa Integral para Afganos Mutilados, un organismo de Naciones Unidas cuyo objetivo era rehabilitar a los heridos por las muchas minas antipersona sembradas por el país. Los grupos se encargaron de conseguir hombres que me sirvieran de escoltas, además de conductores y traductores, para atravesar las provincias de Ghazni, Logar, Wardak, Nangarhar, Herat y Kabul a fin de fotografiar y entrevistar subrepticiamente a afganas. Enseguida comprendí las ventajas de ser una fotoperiodista mujer, a pesar de las dificultades: tenía libre acceso a ellas en espacios prohibidos para los hombres.

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