Más de 600 periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos de El Confidencial, firman un escrito estregado este jueves al Consejo General del Poder Judicial en el que denuncian las entradas y registros efectuados este martes en dos medios de comunicación de Baleares, la agencia de noticias Europa Press y el Diario de Mallorca, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach. Además del escrito, este viernes se ha convocado una concentración frente al Tribunal Supremo como protesta y los dos medios afectados ya se han querellado contra el juez por lo ocurrido.
“Los periodistas abajo firmantes consideramos imprescindible hacer partícipe al órgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el caso Cursach”, comienza diciendo el escrito, que se reproduce al final de este artículo. “En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos“.
Horas después de registrarse este escrito, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que manifiesta que “comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación en el escrito que nos han dirigido el día de hoy”, pues “sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática“.
De todos modos, en el comunicado se argumenta también que “la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes”.
El registro del escrito llega después de que este miércoles se entregara uno similar a la fiscal general del Estado, María José Segarra. La representante del Ministerio Público aseguró a los periodistas que “la Fiscalía y los jueces apelamos por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes“, pero se negó a profundizar en el asunto: “Me van a perdonar que no vaya a hacer ninguna declaración al respecto, son actuaciones que están secretas, es una pieza secreta. Entiendo la inquietud que tienen ustedes pero entenderán que no pueda decirles nada por el momento”.
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