Las protestas contra el Gobierno de Cuba del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en 62 años de la revolución, han llevado a encausar a 790 personas. Son datos oficiales que ofrecen por primera vez las autoridades cubanas sobre el número de detenidos y los procesos en curso. Según la Fiscalía General, hay abiertos 117 expedientes contra 790 personas (el 69% de ellas en prisión provisional desde julio). De ellos, 55 son adolescentes de entre 16 y 18 años y otros 60 jóvenes de entre 19 y 20 años. Las acusaciones son diversas, y van desde desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y daños, en los casos más leves, hasta delitos como robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e incluso sedición, sancionados con penas de hasta 30 años de privación de libertad, algo que ha sido muy criticado por diversas ONG y los familiares de los procesados.
Según la versión de la Fiscalía, los manifestantes del 11-J “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista (…) en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos” en un intento de “destruir la Revolución”.
Sobre el delito de sedición, el que contempla penas más duras, que ha sido incluso cuestionado por figuras cercanas al Gobierno, las autoridades defienden que se “corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
Hasta el martes se habían celebrado en la isla 84 juicios, en 44 de los cuales los tribunales ya dictaron sentencia, resultando sancionadas 172 personas. La Fiscalía no ha informado de las penas impuestas. Organizaciones anticastristas y la ONG Cubalex aseguran que al menos medio centenar de personas han sido condenadas a penas superiores a los 20 años de cárcel por sedición, y elevan el número de detenidos durante las protestas a más de un millar. En el caso de los menores de edad, las autoridades confirmaron que durante las protestas fueron detenidos 27 menores de 16 años, 10 de los cuales fueron ingresados en reformatorios. En Cuba la mayoría de edad es a los 18 años, pero desde los 16 se tiene responsabilidad penal (si bien con sanciones más atenuadas).
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