Recomendamos: ¿Llegará la vacuna a todo el mundo? El tiempo para actuar se acaba

Foto: Reuters

En un artículo anterior señalábamos cómo la crisis de la COVID-19 nos obligaba a defender el acceso a la sanidad pública y a los medicamentos como un derecho de todos, un derecho humano. “La única prioridad ahora mismo”, continuábamos, “debe ser responder a la crisis generada por esta pandemia. Y hemos de hacerlo con decisión y rapidez. Pero (…) será fundamental abordar el cambio del modelo de financiación y desarrollo de medicamentos y vacunas para garantizar su sostenibilidad”.

Es bien conocida la significativa anécdota, que tuvo lugar en una entrevista el 21 de abril de 1953, en la cual el periodista Edward Murrow le preguntó al descubridor de la vacuna frente a la polio, Jonas Salk: “¿Quién es propietario de la patente de esta vacuna?”, a lo que Salk contestó: “De la gente, diría yo… ¿Se puede patentar el sol?”

La pregunta y la respuesta, hoy, 70 años después, siguen plenamente vigentes y son todavía más urgentes en un mundo con casi 29 millones de personas contagiadas y un millón de fallecidos. En efecto, el desarrollo de las vacunas para el SARS-CoV-2 sucede en un escenario que afecta simultáneamente a la práctica totalidad de la humanidad, con unas dimensiones sanitarias, económicas y sociales trágicas. Lo abrumador de esta realidad pone de manifiesto cómo el actual modelo por el que se financia la investigación y se organiza la producción de medicamentos tiene que ser reformado a fondo.

Dentro de las iniciativas en el ámbito europeo, el 4 de mayo de 2020 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, organizó un encuentro para recabar fondos orientados a acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las vacunas, pruebas diagnósticas y terapias para la COVID-19. A través de ésta y otras iniciativas impulsadas por la UE se han recaudado, a 10 de septiembre, 15.900 millones de euros (de la propia Comisión, el Banco Europeo de Inversiones, los países miembros y otras entidades).

Pero esta importante iniciativa no incluye el requisito obligatorio de que la propiedad intelectual, el conocimiento y las tecnologías desarrolladas con esos fondos fueran de dominio público, “de la gente”. Unos días después, el 14 de mayo, 140 personalidades mundiales hicieron pública una carta dirigida a los ministros de Salud participantes en la 73ª Asamblea Mundial de la OMS. Encabezaban la carta los presidentes de Sudáfrica, Ghana y Senegal y el primer ministro de Pakistán. Entre los firmantes figuraban algunos españoles: Felipe González, Rodríguez Zapatero, Ana Palacio y Cristina Narbona.

La carta es rotunda: “El acceso a vacunas y tratamientos [para la COVID] como bienes públicos globales interesa a toda la humanidad. No podemos permitir que los monopolios, la competencia cruda y los nacionalismos miopes bloqueen el camino”, dicen, e instan a “asegurar que se compartan obligatoriamente los conocimientos, datos y tecnologías con un pool de licencias COVID-19, disponibles libremente para todos los países” y a que, en caso necesario, los países puedan aplicar licencias obligatorias. Sin embargo, aunque presidentes de Gobierno, como el francés o la alemana, o la presidenta de la Comisión Europea hayan afirmado la necesidad de que la vacuna sea un bien público, estos deseos, lamentablemente, no se están cumpliendo. Los nacionalismos y los monopolios bloquean el camino.

Efectivamente, observamos cómo las empresas farmacéuticas siguen desarrollando su propia estrategia: comprar investigaciones prometedoras de universidades e institutos de investigación, financiadas fundamentalmente con dinero público; complementar con ensayos adicionales utilizando en su desarrollo un porcentaje notable de fondos públicos; y, al mismo tiempo, consolidar derechos sobre cada elemento del proceso para ejercer la exclusividad de la comercialización.

En sintonía con la estrategia de las industrias farmacéuticas, EE. UU. inició la “compra anticipada” de vacunas en investigación o desarrollo. Por este mecanismo, las empresas farmacéuticas venden un producto que todavía no está finalizado y de resultado aún incierto a aquellos países que pueden pagar anticipadamente y que así se garantizan una reserva de millones de dosis de la posible vacuna. De forma inmediata Francia, Italia, Alemania y Holanda emprendieron el mismo camino con una alianza para la compra anticipada de vacunas, con el propósito de asegurarse un acceso preferencial.

Se podría fijar el precio de la vacuna en el coste de fabricación, y negociar con las empresas que, si han tenido costes de investigación acreditables, se financien a través de un fondo global para la COVID-19

La Comisión Europea respondió a esta iniciativa ofreciéndose a coordinar las compras anticipadas para todos los países de la UE. Y los Gobiernos de los países miembros aceptaron esta lógica, para no quedarse atrás. Reino Unido, Australia y otros países ricos hicieron otro tanto. De esta forma, la industria farmacéutica consigue la capitulación de los países y queda en la cuneta el compromiso explícito de la Asamblea Mundial de la Salud de 18 de mayo: “el objetivo compartido de acceso global equitativo a herramientas innovadoras para COVID-19”. La exclusividad de comercialización y los monopolios se imponen una vez más.

Mientras tanto, cada instituto y cada empresa investigan por su lado, duplicando y triplicando esfuerzos, retrasando los avances, y guardando el secreto de los datos obtenidos, generando dudas sobre la seguridad y eficacia. Y es que, en este modelo de carrera competitiva hacia la exclusividad de comercialización, opuesta al enfoque de cooperación abierta, los ganadores pueden lograr ventajas económicas y geo-políticas importantes y por eso pueden sentirse tentados a presionar para acortar los trámites de aprobación.

El enfoque actual, además del reproche moral, produce otros efectos secundarios no deseables: las empresas controlarán a quién dan primero las vacunas y cuántas; al haber exclusividad y no ceder la licencia voluntaria (u obligatoria) a los fabricantes de cualquier país, la producción masiva se limitará y se retrasará, demorando el acceso de la vacuna para millones de personas, también para España; las empresas decidirán el precio, que puede no ser el precio de coste, y podría suponer una barrera al acceso o un sobregasto injusto; y además presionan a los Gobiernos para firmar acuerdos que les eximen de responsabilidad por los posibles daños que pueda producir su producto.

Seríamos ingenuos si pensáramos que España sola puede plantear una estrategia distinta. Pero creemos que podría hacer algo más. La resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio pasado, sobre la Estrategia de Salud Pública de la UE después de la COVID-19, muestra otro tipo de política. Por ejemplo, se puede realizar una investigación coordinada, colaborativa y abierta, compartiendo conocimientos y propiedad intelectual; incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas de I+D (transparencia y licencias no exclusivas); usar licencias obligatorias, en caso de que no se compartan las vacunas, terapias o conocimientos pertinentes; exigir transparencias en los costes de I+D; o estudiar alternativas para desvincular la financiación de la I+D de los precios de los medicamentos. En la misma línea, se podría fijar el precio de la vacuna en el coste de fabricación, y negociar con las empresas que, si han tenido costes de investigación acreditables, se financien a través de un fondo global para la COVID-19.

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