jueves 28 marzo 2024

Recomendamos: Los Gobiernos europeos, divididos sobre la necesidad de regular las redes sociales para atajar la desinformación

por etcétera

BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) –

Los Gobiernos europeos se han mostrado este jueves divididos sobre la necesidad o no de regular las redes sociales para atajar la desinformación, una opción que la Comisión Europea valorará a finales de año si concluye tras una evaluación que Facebook, Google y Twitter no han hecho lo suficiente de forma voluntaria.

“Francia es favorable a que la reflexión se profundice para determinar una regulación europea adaptada” para las plataformas digitales, ha defendido el Gobierno galo a través de su embajador adjunto ante la UE, Fabrice Dubreuil, durante el debate público de los Veintiocho sobre cómo combatir la desinformación en el marco del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte.

El Gobierno galo ya aprobó en 2018 una ley nacional “que va más allá de la autorregulación” para combatir la desinformación en periodo electoral y más allá pero ha recordado que “la desinformación no conoce fronteras y por tanto hay que actuar a nivel de la UE”.

También el Gobierno español ha considerado que la autorregulación de las plataformas digitales para combatir la desinformación “resulta insuficiente” y ha defendido la posibilidad de plantear la elaboración de una normativa europea “si fuera necesario”.

“La autorregulación de las plataformas digitales nos parece que resulta insuficiente y no siempre establece las necesarias garantías para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, ha defendido el embajador permanente adjunto ante la UE español, Juan Arístegui.

Así, el representante español ha abogado por que las plataformas deben ser “supervisadas por los poderes públicos” y “que éstos establezcan obligaciones para las plataformas”. “Y si fuera necesario plantearse la elaboración de normativa en la materia”, ha recalcado.

“Hay que regular las plataformas”, ha defendido el subsecretario de Estado de Cultura y Medios Audiovisuales polaco, Pawel Levandowski, quien ha pedido una normativa europea.

Austria también ha defendido la necesidad de “reabrir” la normativa europea. “Las plataformas online deben tratarse más como medios, no como actores neutrales como frecuentemente se presentan”, ha esgrimido el ministro de Cultura y Medios austriaco, Gernot Blümel. “Necesitamos la divulgación transparente de los algoritmos que pueden tener gran relevante”, ha remachado.

ALEMANIA NO CIERRA LA PUERTA A NORMATIVA

Tampoco Alemania ha descartado “valorar” la posibilidad de regular tras recordar que “los operadores de red tiene que asumir su responsabilidad y tienen que entender que también tiene responsabilidad sobre lo que divulgan en sus redes”. “Habría que valorar la posibilidad legislativa”, ha explicado la ministra de Cultura adjunta de Alemania, Monika Grütters.

El Gobierno británico ha recordado que “las plataformas se van a prohibir si no actúan de manera proporcional para limitar que se divulgue información errónea” en virtud del “nuevo marco normativo” en Reino Unido y ha apelado a la cooperación internacional para atajar la desinformación, fenómeno que “no lo puede abordar un Gobierno solo”. “Reino Unido quiere seguir trabajando con los socios de la Unión Europea para luchar contra esta amenaza para todos”, ha dicho.

El Gobierno irlandés ha avanzado su intención de “regular para la transparencia de la publicidad política en el futuro” pero ha pedido “no actuar por impulso” en la UE, insistiendo en que se necesita “un tiempo” para evaluar “los próximos pasos”.

Italia, Finlandia y Dinamarca se han posicionado en contra de regular, mientras que República Checa ha rechazado “revisar” el marco normativo actual y Portugal ha defendido “los pasos tangibles” que han dado las redes sociales hasta ahora y ha pedido no adoptar “ninguna legislación o medida normativa que pueda tener un impacto para la libertad de expresión”.

Así, Italia ha alegado que “la solución legislativa no es quizá la mejor cura” y que su país ya cuenta con legislación nacional que permite “sancionar a quien calumnie”, mientras que Dinamarca también ha considerado que revisar la normativa no es “la forma más adecuada de proceder” y ha abogado por “un enfoque más blando” centrado en promover la calidad del periodismo y la alfabetización digital.

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