jueves 28 marzo 2024

Recomendamos: El litio en México: entre los intereses privados y el discurso político

por etcétera

En la mítica Sierra Madre Occidental que se extiende desde el sur de Estados Unidos, en un pueblito de Sonora (norte de México) de unos mil habitantes llamado Bacadéhuachi, se esconde el yacimiento de litio en roca más grande que se conoce en el mundo, según Mining Technology. A finales de 2019, cuando el Gobierno confirmó la existencia del yacimiento y se difundió que estaba en marcha un proyecto de explotación a cargo de una empresa canadiense (Bacanora Lithium) y una china (Ganfeng Lithium), hubo medios y funcionarios que empezaron a hablar del litio como “el petróleo del futuro”.

Parecía un exceso de optimismo para una zona fronteriza que, apenas un mes antes, había sido noticia por la masacre de una familia a manos del crimen organizado. O para un país que tiene una apuesta tan decidida por el viejo petróleo, el de siempre. Resulta tentador olvidar el presente cuando el futuro parece tan cercano: en Bacadéhuachi no suelen verse coches eléctricos y los teléfonos a veces pierden la señal, pero a 1.400 kilómetros de allí, del otro lado de la frontera, se levanta Tesla Motors, la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo. Y lo que el pueblo tiene bajo sus pies es la fuente de energía necesaria para la fabricación de sus baterías.

Casi diez meses después de aquel repentino entusiasmo por el litio, y la misma semana que dejó de existir la subsecretaría de Minería, se ha conocido que el grupo de senadores de Morena, el partido de Gobierno, incluyó entre los temas para su agenda del próximo período legislativo una propuesta para nacionalizar el litio como recurso estratégico, lo que implicaría una reforma constitucional y cambios en la Ley Minera vigente. Aún no se ha definido si este tema —uno de los más de 400 presentados— será avalado e impulsado por la bancada oficialista en el Senado. El único funcionario mexicano que había expresado un interés similar en nacionalizar el litio, el exsecretario de Medioambiente Víctor Toledo, dejó de ser parte del Gobierno esta semana.

El litio, un mineral ligero que arde en contacto con el agua, es utilizado para fabricar cerámica y medicamentos antidepresivos, es un insumo básico de la industria nuclear y, sobre todo, se ha vuelto esencial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Entre 2014 y 2018, los precios del litio se dispararon un 156%: desde los 6.690 dólares la tonelada subió hasta un máximo histórico de 17.000 dólares en 2018. Si bien la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia ha impactado en el mercado, el precio se encuentra actualmente en torno a los 7.500 dólares y se prevé que la demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica.

Solo en la megafábrica de Tesla, del multimillonario Elon Musk, en el desierto de Nevada (Estados Unidos), se producen al día más de 3.000 baterías que contienen alrededor de 13 kilos de mineral cada una. Según el Financial Times, la factoría necesitará 24.000 toneladas al año para dar salida a su producción. Con la entrada en vigor del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la explotación del litio cobra mayor importancia ya que se debe asegurar una cadena de suministro en Norteamérica. En tres años, los coches fabricados en estos tres países deberán tener al menos un 75% de sus componentes producidos en la región para que puedan comercializarse libres de aranceles. Esto incluye a las baterías de litio, lo que podría volverse un negocio rentable para México.

“No solo se trata de minería en roca, estamos buscando cómo subirnos a la tendencia de la electromovilidad y acompañar el proyecto integral para que México se inserte exitosamente en una cadena de valor”, dijo en junio a EL PAÍS el entonces subsecretario de Minería mexicano, Francisco José Quiroga. Su entusiasmo quedó caduco en menos de tres meses: la semana pasada, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la disolución de una decena de subsecretarías como parte de un plan para reducir el gasto público; entre ellas, la de Minería.

Según fuentes cercanas a la secretaría de Economía de México, la disolución de la subsecretaría de Minería representa un limbo jurídico y genera una situación de incertidumbre que podría beneficiar a las empresas privadas. Sin un subsecretario de Minería, la mediación entre los intereses duros de las compañías, las comunidades y las normas ambientales, parece quedar en manos de nadie. Tal vez, un secretario de Medioambiente con interés en las energías renovables podría tomar cartas en el asunto. Pero el funcionario que tenía ese perfil se fue del Gobierno la semana pasada.

Aunque la explotación del yacimiento de Sonora fue adjudicada hace una década, durante el Gobierno de Felipe Calderón, y el rol del Estado mexicano se reduce a dar seguimiento al proyecto, el anuncio realizado en diciembre de que en Bacadéhuachi existían reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales —de donde se podrían extraer, según Mining Technology, unos cuatro millones y medio de toneladas de carbonato de litio (el que se utiliza para la baterías)—, catapultó el interés de los inversores y las promesas de futuro de algunos funcionarios. Pero dejó abierta una pregunta que se ha vuelto más apremiante con el desmantelamiento de la subsecretaría de Minería: ¿Cómo se beneficiaría México de tener en su territorio el mayor yacimiento de litio que se conozca? Tal vez, la pregunta indicada no sea cómo, sino quién.

Un mercado opaco

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el consumo de litio en el mundo en 2019 fue de 77.000 toneladas y se estima que existen reservas comprobadas por 17 millones de toneladas, principalmente en Argentina, Chile, Australia y China. Este mineral suele encontrarse en salmueras naturales, rocas pegmatitas, arcillas, pozos petrolíferos, agua de mar y campos geotermales. “Es un elemento súper abundante en la tierra, sin embargo su explotación no es económicamente rentable en la mayoría de los casos. Por eso su explotación se da en pocos países”, explica Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín.

La empresa dueña de la concesión que explotará el yacimiento en México, la canadiense Bacanora Lithium, ha publicado que en Sonora tiene reservas comprobadas por un poco más de tres millones y medio de toneladas: más de 40 veces la cantidad que se consumió en todo el mundo el año pasado. Al parecer, es lo suficientemente rentable como para que la compañía, cuya concesión tiene el tamaño de unos 100.000 campos de fútbol y una duración de 50 años, esté planeando en quedarse en México los próximos tres siglos: “Sonora es un proyecto que durará 300 años, con costos operativos bajos, en el que produciremos litio de alta calidad para la industria de las baterías para vehículos eléctricos”, explicó a EL PAÍS Peter Secker, CEO de Bacanora Lithium.

Secker dijo en un correo electrónico que la producción comenzará en 2023, “cuando los pronósticos para el mercado del litio se fortalecerán”. Si bien faltan tres años, la primera tanda de producción —estimada en 17.500 toneladas— ya está comprometida con la empresa japonesa Hanwa. El investigador argentino Martín Obaya señala que “el mercado del litio es todavía un poco oscuro. Gran parte se maneja por contratos de mediano y largo plazo entre empresas que tienen participaciones importantes entre sí. No hay un mercado spot como pasa con otros minerales”.

El futuro de la industria del coche eléctrico como alternativa al uso de los combustibles fósiles está ligado a la producción de las baterías de litio, principalmente en manos de los países asiáticos, que concentran más del 60% de la producción. Sin embargo, China, Japón y Corea no poseen las suficientes reservas de litio en su territorio por lo que cada vez es más común la presencia de empresas asiáticas en América. La fábrica de Tesla, por su parte, se provee de litio proveniente de Australia. Eso fue lo que dijo a fines de julio Elon Musk, cuando protagonizó una polémica por Twitter luego de que un usuario acusara a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado en Bolivia para que él pudiese obtener litio. “¡Vamos a golpear a quien queramos! ¡Acéptalo!”, respondió Musk, aunque luego eliminó su tuit. Bolivia nacionalizó los recursos de litio del salar de Uyuni en 2008, dos años después de la llegada de Evo Morales al poder.

Con la producción de litio de alta calidad en el norte de México, mucho más cerca de la fábrica de Tesla, y con los estímulos fiscales del T-MEC, el multimillonario podría empezar a mirar a México con otros ojos. Pero, hasta ahora, y a menos que prospere la propuesta del grupo de senadores de Morena, a los únicos que debería conquistar es a los empresarios extranjeros: el capital del proyecto de Sonora es completamente privado y toda su producción estaría destinada a la exportación. El Gobierno mexicano solo se beneficiaría de los impuestos y derechos que paga la minera, pero no tendría el control sobre la producción del mineral. Y tampoco parece que la carga fiscal que impone México a la minería sea un escollo demasiado grande para las empresas.

“La minería en su conjunto aporta a las finanzas públicas de México menos del 1% de todos los ingresos totales de su economía”, señala Beatriz Olivera, del centro investigación y análisis Fundar. “En impuestos (ingresos tributarios) el saldo es negativo: el año pasado salió a favor de las empresas mineras por 1.121 millones de pesos (50 millones de dólares), lo que significa que les terminamos devolviendo dinero por estar en nuestro país”, explica el analista económico Carlos Brown.

A pesar de la escasa incidencia de la minería en las arcas del Estado, se trata de un sector con una influencia política considerable. Durante la pandemia, por ejemplo, la Cámara Minera de México (Camimex), que reúne a la mayoría de las mineras privadas que operan en el país, presionó a las autoridades para no paralizar su producción durante la emergencia sanitaria. Camimex llegó a pedir la ayuda del embajador de Estados Unidos para que la minería fuera reconocida como una actividad esencial, y poder retomar pronto sus operaciones. A principios de mayo, el Consejo de Salubridad decidió sumarla a la lista de actividades esenciales junto con la construcción y la fabricación de equipo de transporte.

Energías renovables y… ¿limpias?

La apuesta por el potencial del litio está vinculada a la creciente preocupación global por los efectos del cambio climático, y la necesidad de reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles como la piedra angular de nuestros sistemas energéticos. En México, donde el Gobierno solo parece tener ojos para el petróleo —al punto de que, en mayo pasado, se endurecieron las condiciones para la operación de las plantas eólicas y solares en el país—, el único otro funcionario que había mostrado abiertamente su entusiasmo por el litio fue el (ahora ex) secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo. En una conferencia en junio, Toledo había calificado a este mineral como “el nuevo petróleo” y dijo que estaba impulsando “que el Gobierno nacionalice los recursos del litio, porque ya están entrando las compañías chinas e inglesas”. Su entusiasmo también caducó pronto: los primeros días de septiembre, Toledo presentó su renuncia al Gobierno de López Obrador.

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