Recomendamos: Demoledora autopsia de la ONU sobre Venezuela: torturas, ejecuciones y represión

El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo apareció ante una corte militar en silla de ruedas, con la mirada absolutamente perdida y con evidentes signos de fuertes torturas. El juez del caso le preguntó si había sido sometido a tortura. Él logró asentir con la cabeza y pedir auxilio a su abogado defensor. Pocas horas después de que el juez ordenara su traslado a un hospital, Acosta falleció.

El militar, reservista activo, fue detenido el 21 de junio, pero no se conoció su paradero hasta cinco días después. El gobierno entonces anunció que varios militares y civiles habían sido arrestados por presuntamente idear un plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. El pasado sábado 29 de junio se supo que había muerto estando bajo custodia del Estado venezolano y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció los detalles del caso.

Todo esto sucedía mientras la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michele Bachelet, visitaba Venezuela entre el 19 y el 21 de junio. Una gira fugaz en la que ella y su equipo realizaron 558 entrevistas y más de 159 reuniones que han alumbrado un informe demoledorsobre la situación de los derechos humanos en el país petrolero. La versión definitiva se publicará este viernes, pero el avance es estremecedor.

El informe Bachelet

Los puntos recogidos por Bachelet describen un país en profunda crisis económica, de salud, social y de seguridad y señala al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que sufren los venezolanos, desde ejecuciones extrajudiciales y torturas, a detenciones arbitrarias y uso de los recursos públicos de forma partidista.

“Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”, dice el informe, en el que se recomienda que las FAES sean disueltas y se lleven a cabo investigaciones independientes.

Más información: http://bit.ly/2XRzj6s

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