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Los nicaragüenses contenían el aliento la noche del jueves a la espera del resultado de una reunión entre los obispos de la Conferencia Episcopal y el presidente Daniel Ortega, que había generado mucha expectativa en este país sumido en la peor crisis de su historia reciente. Tras dos horas de discusión el presidente mantuvo su intransigencia y se negó a sentarse a negociar una salida constitucional, aunque pidió a los obispos 48 horas de “reflexión” para analizar una serie de propuestas que la Iglesia le planteó para “democratizar” el país y que pasan por un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para 2021. La cerrazón de Ortega agudiza la tragedia nicaragüense que tras más de 50 días de manifestaciones suma más de 130 muertos y amenaza con hundir la frágil economía de este país centroamericano.
El presidente recibió a los obispos mientras mantenía la represión a las protestas pacíficas que en varias ciudades importantes del país exigen su salida del poder. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cifra en 134 el saldo de muertos, aunque este dato cambia todos los días. En Chinandega, localidad del oeste de Nicaragua, al menos tres personas murieron tras ser atacada una manifestación. Se trata, como en la mayoría de los muertos que ha dejado la crisis, de tres chicos, de 22 y 18 años.
El acoso de Ortega continuaba esta tarde en Estelí, importante ciudad productora de tabaco localizada en el norte del país, donde organizaciones de derechos humanos denunciaron la presencia de grupos paramilitares que disparaban contra los manifestantes. Ortega demostró estar dispuesto a desatar un baño de sangre antes de ceder el poder en Nicaragua. “Pareciera que quiere ahogar en sangre la protesta del pueblo”, dijo a EL PAÍS Azahalea Solís, líder feminista y representante de la sociedad civil en el diálogo convocado para hallar una salida a la crisis.
“La gente está planteando la salida inmediata de Daniel Ortega, el cambio inmediato a través de los procesos posibles previstos en la Constitución. No hay otras posibilidades, porque Ortega está inhibido política y moralmente para seguir siendo presidente de Nicaragua, después de haber ejecutado la orden de matar”, explicó Solís.
El diálogo fue suspendido por los obispos tras el ataque de seguidores de Ortega a una marcha pacífica que el pasado 30 de mayo homenajeaba a las madres de las víctimas de la represión de abril, cuando comenzó la crisis. Ese día marcharon por Managua cientos de miles de nicaragüenses, que ocuparon cuatro kilómetros de la céntrica Carretera Masaya, exigiendo el fin del régimen. El ataque dejó al menos ocho muertos en la capital y un total de 19 personas fallecidas en todo el país, porque también se organizaron manifestaciones en el interior de Nicaragua.
Desde ese día Ortega ha desatado una ola terror. En Managua, al caer la noche, se impone un toque de queda no oficial, con grupos parapoliciales patrullando la ciudad, sembrando el miedo entre sus pobladores. Mientras otras ciudades del país sufren el asedio de los seguidores de Ortega, la capital se queda aislada por los bloqueos de carreteas levantados por los ciudadanos indignados. Por ahora no se realizan las “vigilias” en honor a las víctimas que en abril y principios de mayo juntaban a decenas de personas en las céntricas rotondas de Managua. La crisis, además, amenaza con hundir la economía del país.
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