El proceso político venezolano que fue etiquetado como “Socialismo del Siglo XXI” ha devenido en un proyecto de “Autoritarismo del Siglo XXI”. En este marco, varios periodistas nos preguntamos cómo podemos hacer nuestro trabajo y “no morir en el intento”. (Ruego me perdonen el lugar común).
Llegamos al segundo semestre de 2017 a sabiendas de que, pese a las etapas anteriores en la tumultosa relación entre la prensa y el gobierno, los tiempos actuales son totalmente distintos. Antes de terminar agosto llegaron a 41 las emisoras de radio cerradas este año, otras dos televisoras internacionales fueron sacadas de la parrilla de los prestadores del servicio de cable y la Asamblea Nacional Constituyente ha decidido discutir una ley de odio cuyo foco son los medios y las redes sociales.
Uno de los mandatos de nuestro código de ética es defender los valores democráticos y la paz. Además nos ordena: “El periodista tiene el deber de combatir sin tregua a todo régimen que adultere o viole los principios de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia.” Artículo 45.
Todo parece estar claro, pero como en cualquier dilema ético, no está claro del todo.
Durante los últimos 20 años me he guiado por la premisa: los hechos son sagrados y la opinión es libre, para salvaguardar ese límite tan preciado en el periodismo, más en una sociedad polarizada como la venezolana, donde algunas palabras pueden desatar la furia de quien ejerce el poder desde su estructura formal, o en los tiempos más recientes, de quienes tienen alta influencia en redes sociales.
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