El Tribunal Constitucional de Perú determinó que una ley que prohibía al Estado contratar publicidad con medios de comunicación privados, que fue aprobada por el Congreso de ese país en junio, es inconstitucional.
El presidente de ese órgano, Ernesto Blume, explicó en conferencia de prensa que la ley viola el derecho fundamental de los peruanos a la información. La sentencia será publicada el 22 de octubre, e incluirá algunas pautas para la contratación de publicidad del Estado en medios privados, la cual se debe dar dentro “de cánones de razonabilidad y proporcionalidad”.
En declaraciones a un medio peruano, Blume comentó: “Hemos desarrollado algunos criterios respecto a cómo debe manejarse el Estado en la contratación de los medios privados, porque no puede ser tampoco que el Estado aparezca financiando 90% de los ingresos de un medio”.
Blume agregó que el Tribunal Constitucional valoró que los medios públicos tienen una cobertura que no llega al 10% de la población, y que, “en cambio, los medios privados tienen la mayor cobertura”.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, escribió en Twitter: “El Tribunal Constitucional le devuelve hoy a los ciudadanos el derecho de estar informados de las acciones que realiza el Estado en su beneficio”.
Según mencionó el mandatario, la ley también prohibía a gobiernos locales, regionales y otras entidades públicas comunicar acciones importantes para la ciudadanía.
En sentido contrario, el autor de la ley, el congresista Mauricio Mulder, tras llamar a los magistrados “rastreros”, lamentó la decisión, con la cual, señaló, se impedirá fiscalizar el dinero estatal. Sin embargo, anunció que presentará otro proyecto de ley al respecto.
Mulder añadió: “Mi papel es cuidar el dinero del Estado, no estar promoviendo que el Estado le regale plata a sus amigos, y si este tema de la prensa fue concebido de esa manera, como demócrata que soy respeto lo que diga el Tribunal Constitucional. Buscaremos que ahora pase por un proceso de regulación que, imagino, nadie se opondrá”.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana se congratuló por la sentencia, que, consideró, restituye el derecho a las libertades de información y expresión. Agregó que la norma tenía la intención de “ejercer presión sobre los medios de comunicación a través de la censura indirecta”.
También se pronunció a favor de la sentencia la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que consideró que es saludable y legítima por tratarse de una ley discriminatoria que afectaba del deber del Estado de ser transparente. También añadió que más de 20 programas periodísticos cerraron por ausencia de publicidad estatal mientras estuvo en vigor la ley.
Esa organización también expresó en un comunicado: “La ANP está convencida que hay necesidad de regular la distribución de publicidad oficial -para que la misma se otorgue con criterios técnicos que respondan al alcance, sintonía y sentido de pluralidad-, pero deplora que la prohibición sea el camino. Por ello se mantendrá vigilante ante cualquier iniciativa que se presente. Considera, además, que esta puede ser una buena oportunidad para abrir un debate nacional y se escuchen las voces de los medios de las regiones que demandan que la publicidad del gobierno central llegue a las provincias de forma directa, sin intermediarios, que son quienes se quedan con el mayor porcentaje de la inversión publicitaria”.
También Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó a favor de la sentencia del Tribunal.
La ley, aprobada el 14 de junio, obligaba al Estado a colocar su publicidad sólo en cuentas del gobierno en redes sociales y a contratarla con medios estatales.
(Con información del Knight Center for Journalism in the Americas)
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