En Nicaragua “no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia”.
Así lo considera Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que publicó este jueves un informe de la situación del país centroamericano de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
En el documento, la CIDH advierte que el presidente Daniel Ortega -quien busca mantenerse en el cargo que asumió desde 2007- ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades” en el que la oposición no tiene cabida.
El gobierno nicaragüense ha rechazado los señalamientos, afirmando que la CIDH presenta una “insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos”.
¿Qué es lo que más preocupa a la CIDH sobre Nicaragua, a pocos días de las elecciones en ese país?
Yo diría que lo más preocupante es que estamos ante un proceso eleccionario, en un contexto de una erosión paulatina de todas las salvaguardas democráticas, con concentración de poder y debilitamiento de la institucionalidad democrática, y un contexto de represión, lo que no da garantía de elecciones libres, justas y plurales.
¿Ustedes creen que no es posible celebrar elecciones en Nicaragua en la fecha que está prevista, el 7 de noviembre, en este escenario?
Las elecciones se van a realizar, pero desde la Comisión, desde la gran crisis de derechos humanos del 2018 en adelante, hemos visto un quebrantamiento progresivo del proceso de separación de poderes del Estado y todas las instituciones democráticas. Y sobre todo, un hostigamiento permanente a la oposición, a los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente.
Y creemos que no están las condiciones para tener las elecciones con garantías de que sean elecciones libres, transparentes y pluralistas, con acceso a la información de parte de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Y desde esa perspectiva, creemos que esas elecciones no se dan en un contexto mínimo que dé las garantías de que sean elecciones democráticas, como corresponde de acuerdo los estándares interamericanos.
Para usted ¿Nicaragua en este momento ha dejado de ser una democracia?
Efectivamente, nosotros entendemos que al no existir una separación de poderes del Estado y con este contexto de clima de represión, creemos que no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia efectiva en un Estado de derecho.
¿Y cómo definiría el tipo de gobierno que tiene Nicaragua en este momento, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza?
La Comisión ha dicho ya de manera consistente que estamos ante un Estado policial de facto, donde todos los poderes del Estado están alineados con el Ejecutivo, lo que implica cierta falta de garantías absolutas para el pluralismo, para la libertad de prensa, para el ejercicio de las libertades civiles, para el ejercicio de temas tan simples como que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo. Se ha cancelado la personería jurídica de muchas organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos años se han confiscado los medios de prensa independientes o de oposición. Registramos más de 100 personas que están privadas de libertad de manera arbitraria, y eso incluye a 35 líderes y lideresas en los últimos meses. Todo en este contexto electoral.
Hoy día en Nicaragua, toda la oposición política está encarcelada con detención domiciliaria. Esa es la verdad.
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