Un juez federal de Buenos Aires, Argentina, ordenó la detención de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo; sin embargo, su captura se entorpeció el día de ayer, debido a la multitud que evitó que la señora de 87 años subiera al carro de la policía local.
Según la justicia de ese país, Bonafini debe declarar por supuesta malversación de fondos.
La muchedumbre trasladó a Bonafini, burlando el cordón policial, hasta la emblemática Plaza de Mayo y en cuestión de minutos el lugar estuvo cercado por policías, asimismo varios helicópteros sobrevolaron el perímetro y decenas de personas se sumaron a la defensa de la activista.
"Lo que los militantes saben es que las Madres estamos dispuestas a pagar el horror que hace el presidente Mauricio Macri, sus ministros, su familia. No saben qué hacer con nosotros, nos quieren hacer desaparecer pero les va a costar un poco (…) Hace 40 años que nos llevan presas, hace 40 años que nos muelen a palos, estuvimos presas en celdas oscuras, con muertos. Nunca se puede meter preso al pensamiento y a las ganas de pelear. Si nos quieren llevar presas que nos lleven, aquí estamos, no les tenemos miedo a estos hijos de puta", gritó Bonafini a la multitud que se encontraba en la plaza.
La detención la ordenó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, luego de que Hebe de Bonafini no se presentó a declarar por segunda vez en la causa por el desvío de fondos del programa de viviendas Sueños Compartidos, un plan de construcción de viviendas financiado con recursos del gobierno nacional entre 2008 y 2011. De esta manera, el juez, amparado por la ley, la declaró en rebeldía y ordenó su comparecencia por la fuerza.
Hebe se refugió al anochecer en la sede de la organización custodiada por unos 400 manifestantes que se ubicaron frente al edificio, la policía no logró su captura.
No obstante Bonafini le presentó al juez un escrito donde se declaró víctima de una persecución política, "otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas", señaló en relación al dinero que se reclama a la Fundación por el programa Sueños Compartidos.
Este jueves en la noche, el juez Martínez de Giorgi dio marcha atrás en su resolución.
(Con información de El País y El Clarín)
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