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Foto: Sam Tobin/PA

Desde que Jorge dijo en voz alta que era Jorge, su familia ha recorrido un largo camino. Con 13 años le empezó a salir el pecho y dejó de querer ir a clase. Sus amigos de siempre empezaron a verle como una joven con la que ligar y no como Jorge. No se ponía bikini ni quería ir a la playa. Lucharon para cambiar el nombre en el DNI. Y para que empezara a tomar testosterona, que le administraron en la sanidad privada. Hay un número creciente de menores que, como Jorge, acuden a tratamientos hormonales para modificar sus caracteres sexuales. La futura ley trans de España, cuyo primer borrador se espera este enero, prevé que la decisión sobre estos tratamientos —muchas veces irreversibles y que implican cambios físicos— la pueda tomar un menor transexual desde los 16 años. En sentido contrario, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo británico considera que los menores no tienen capacidad para entender sus consecuencias ni pueden dar su consentimiento. El debate ya está ahí: hay especialistas que defienden que estos tratamientos se deben prescribir con una amplia supervisión médica, puesto que pueden desembocar en infertilidad y afectar al desarrollo de una vida sexual plena. Otros entienden que cada persona conoce mejor que nadie su identidad y basta su palabra.

El tratamiento con bloqueadores hormonales y hormonas cruzadas para menores transexuales es una realidad médica reciente. Si toma los bloqueadores en el momento en el que va a desarrollar su pubertad, le ayudará a frenar el desarrollo de los pechos o de la barba y la nuez, y con ello parará su angustia y el riesgo de sufrir discriminación al no corresponderse la apariencia física con la identidad, un daño que a veces termina en suicidio. Ese freno hormonal deja su adolescencia en suspenso por un tiempo. El siguiente paso es la aplicación de hormonas cruzadas (testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales) en los años posteriores. Aún no ha habido tiempo suficiente para conocer los efectos a largo plazo.

Tratamientos dirigidos “al corazón de la identidad”

El caso que ha desatado la polémica en el Reino Unido es el de Keira Bell, de 23 años. A los 14 empezó a cuestionar su identidad, tras una infancia en la que se sentía “asqueada por su cuerpo, deprimida y muy ansiosa”. Buscó en YouTube sobre disforia de género [disconformidad entre el sexo asignado y aquel con el que la persona se siente identificada]. Con 16, tomó primero bloqueadores hormonales y luego testosterona. Acabó practicándose una mastectomía doble, una operación irreversible. Se arrepintió. Y denunció a la clínica donde lo hizo, del NHS, el sistema nacional de salud británico. La sentencia [que se puede consultar al final del reportaje, en inglés] concluye que las consecuencias de estos tratamientos “son de gran complejidad” porque se dirigen “al corazón de la identidad de un individuo”. Alerta de que está creciendo de forma exponencial entre los menores la declaración de disforia, sobre todo entre chicas adolescentes que se sienten chicos, y pone el foco en el incremento de las detransiciones, es decir, de jóvenes arrepentidos como Bell, aunque no existen datos oficiales que permitan cuantificar el fenómeno. Concluye que una persona menor de 16 años no tiene la madurez para entender el calado de esta decisión. El consentimiento último debe venir de un juez, determina el tribunal. El Reino Unido ha frenado la aprobación de una ley sobre personas trans.

España está haciendo el recorrido contrario. Este enero verá la luz el primer borrador de la ley trans, que ha despertado el recelo de parte del movimiento feminista. Alertan del riesgo de que “se borre” a las mujeres y también de “descontrol” en los casos de menores. La ley recogerá previsiblemente que el consentimiento para estos tratamientos se pueda prestar desde los 16 años de edad, como recogía una proposición de ley de Unidas Podemos de 2017 y reclaman las organizaciones que colaboran en la elaboración de la norma. En España, a partir de 16 años se puede dar el consentimiento a tratamientos médicos salvo en una operación “de grave riesgo para la vida o salud del menor”, según la ley del paciente. Presumiblemente, la norma reflejará también que el trabajo de los profesionales sanitarios debe de ser “un acompañamiento” como el que reclaman familias como la del joven Jorge. Es decir, sin exploraciones, test psicológicos o psiquiátricos.

“Esto no es como pedir una PlayStation”

El relato de la vida de Jorge está recogido en el libro Tránsitos. Su madre cuenta que sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que tomar antidepresivos. El sexólogo e investigador de la Universidad del País Vasco Aingeru Mayor, que tiene “una niña con pene y otra con vulva”, es el autor de este libro que recoge los casos de 25 menores, narrados por sus padres y madres. Forma parte de la asociación de menores transexuales Naizen, con 190 familias de País Vasco y Navarra. Hay 2.000 integrantes en distintas organizaciones en España, según sus estimaciones. Familias que “han tardado meses o incluso años en llegar a entender a sus hijas e hijos”, explica Mayor al teléfono. Cuando acuden al médico para pedir un tratamiento, añade, han hecho un largo recorrido previo: “Esto no es una frivolidad, no se trata de pedir a tu mamá hormonas como el que pide una PlayStation”.

En el caso de adultos transexuales, se necesitan dos años según la normativa actual para acceder al tratamiento, algo que también busca cambiar la nueva ley. Los menores no siempre disponen de ese tiempo, defiende Mayor. “Por supuesto que pedimos que un equipo médico acompañe esta realidad. Nos preocupa la automedicación, no se trata de que se pongan en farmacias al alcance de cualquiera. Pero es importante que quien nos acompañe no sea un psiquiatra que crea que nuestros hijas e hijos tienen un trastorno mental”, indica Mayor: “No es lo mismo ser minoría que tener una patología”.

El concepto de patologización está en el centro del debate. La Organización Mundial de la Salud retiró en 2018 la disforia de género de la lista de trastornos psiquiátricos. Pero hay familias y activistas trans que consideran que los servicios sanitarios públicos aún los ven como enfermos y que “patologizan” sus vivencias.

“Es necesario un informe serio”

“No hemos patologizado nada, hemos actuado con cautela desde equipos serios que cuidan y protegen”, defiende la endocrina Isabel Esteva, ya jubilada. Fue la coordinadora de la primera unidad de transexualidad e identidad de género abierta en España, que comenzó en 1999 en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Defiende que sacar la disforia de género del decálogo de enfermedades mentales “es un acierto, pero eso no significa apartar estos tratamientos de un entorno disciplinar profesional y serio”. Esteva denuncia que el crecimiento actual de estos casos no debe ser confundido con “transexualidad extrema en la infancia, sino considerar las variantes de expresión de género que se presentan en estas edades vulnerables mediatizadas por redes, para evitar tratamientos hormonales y tomas de decisiones médicas precipitadas o negligentes”.

“La futura ley desautoriza a quienes defendemos que haya un psicólogo a nuestro lado y que es necesario un informe serio para abordar estos tratamientos complejos”, critica. En un documento del Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que firmaba Esteva con responsables de otras seis unidades de género ya en 2015, recomendaban que, ante la disforia de género en niños y adolescentes, es “absolutamente necesaria” una evaluación “exhaustiva e individualizada” en las unidades médicas especializadas ante las consecuencias “parcial o totalmente irreversibles” de bloquear o suministrar hormonas.

“Quien sabe su identidad es la propia persona”

La mayoría de las comunidades autónomas tienen sus propias unidades de género. Organizaciones como Naizen o FELGTB (la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales) denuncian un funcionamiento dispar por comunidades y hablan de nuevo de “patologización” por parte de sus profesionales. Defienden un modelo alternativo como el que empezó hace casi una década en Barcelona por el empeño de la ginecóloga Rosa Almirall: Trànsit.

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