viernes 29 marzo 2024

Maduro no cede: nombra a 13 jueces del Tribunal Supremo fieles al “chavismo”

por etcétera

El pasado miércoles, el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, continúo con sus estrategías para restar poder a la nueva Asamble Nacional (AN) y otorgó el nombramiento a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sus 21 suplentes.


Después de cuatro sesiones los jueces fueron elegidos de una lista de 379 nombres por un Comité de Postulaciones muy criticado por la oposición debido a su parcialidad, sin embargo, la decisión sólo podrá ser cuestionada y analizada cuando el próximo 5 de enero se integre la nueva AN.


Asimismo, el régimen de maduro continúa haciendo sus últimas estrategias para mantener el poder, a través de la Fiscalía con una investigación sobre la supuesta compra de votos por parte de la oposición el pasado 6 de diciembre en las elecciones.


Otra de las medidas del mandatario venezolano consistió en la impugnación de 22 diputados que denunció el martes pasado la Mesa de Unidad Democrática (MUD), gracias a lo cual el gobierno se retracto de la decisión.


El recurso judicial, firmado por el abogado Leobaldo Salazar, no fue entregado a los abogados que representan a la MUD, sin embargo, la noticia se propagó rápidamente por Internet y provocó las reacciones de treinta y seis exjefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre los que se encuentran los exmandatarios José María Aznar, Laura Chinchilla de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, y Ricardo Lagos de Chile, quienes publicaron donde llamaban la atención de los gobiernos miembros del sistema interamericano por amenazar con desconocer la voluntad popular.


En entrevista con el diario español El País, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, declaró que el hecho de que desmintieran la impugnación de los diputados, reafirmó las sospechas de la oposición sobre la existencia del contencioso.


“Nos parece genial que lo nieguen. Es una situación de extrema opacidad. Nos remitimos a los hechos: nuestro abogado vio el documento y teníamos el número del expediente. Lo ocurrido quiere decir que el Gobierno ha dado marcha atrás. Si admitían ese documento perderían el único argumento que les queda: reconocer los resultados”.



slg

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