Recomendamos: Qué es la “ley madre” que ha desatado marchas masivas en Bolivia (y por qué algunos las comparan con las que llevaron a la caída de Evo Morales)

Foto: Reuters

Una nueva crisis política sacude las calles de Bolivia.

Este miércoles, el país sudamericano se sumió en el tercer día consecutivo de protestas antigubernamentales que, en lo que va de semana, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, policías y movimientos afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los mayores choques han ocurrido en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija y Cochabamba. También ha habido protestas en La Paz, Oruro y Beni.

La protesta se origina en el rechazo de la polémica ley 1386, también conocida como “ley madre”, aprobada en agosto y criticada por grupos sociales y opositores que consideran que otorga al gobierno un poder excesivo y discrecional

Desde el oficialismo, sin embargo, la protesta es rechazada y vista como un instrumento con el cual se busca “desestabilizar” al gobierno del presidente Luis Arce.

La protesta, que ha sido convocada como un “paro indefinido”, ha estado caracterizada por los numerosos cortes de vías que han realizado los manifestantes y por las intervenciones de la policía para dispersarles, que han sido criticadas por su aparente dureza.

BBC Mundo te explica algunas claves de este conflicto.

¿Qué es la “ley madre”?

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como “ley madre”, fue aprobada el pasado agosto y, como su nombre sugiere, formalmente apunta a combatir el blanqueo de capitales.

La norma contiene 7 artículos, entre ellos uno que establece que esta estrategia podrá ser modificada por el ejecutivo a través de un decreto.

Además incluye anexa la estrategia en sí, que es un documento técnico de 54 páginas que sienta las bases para su implementación.

¿Por qué causa protestas?

Los críticos de la “ley madre” afirman que esta busca imponer un “totalitarismo económico y financiero”.

El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), una de las organizaciones que cuestiona la norma, hizo pública una lista de 11 objeciones a la ley y pidió su derogación alegando que esta tiene como propósito “generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”.

Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso modificar el artículo que prevé la posibilidad del ejecutivo de cambiar la norma por decreto para evitar que sea usado por los gobiernos “para generar condiciones de persecución política”.

Las movilizaciones contra esta norma han estado impulsadas principalmente por movimientos gremiales y sindicales.

“Son los pequeños comerciantes, la mayor parte de ellos de mercados y calles, los transportistas, que son chóferes y dueños de los medios de transporte, y ahora están a punto de sumarse los cooperativistas mineros”, señala Roberto Laserna, investigador social afiliado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), a BBC Mundo.

Laserna explica que estos sectores son amplios desde el punto de vista demográfico, e importantes desde el punto de vista económico, porque manejan gran cantidad de recursos, pero que mayormente operan en la economía informal, por lo que temen verse afectados por la nueva legislación.

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