La Asamblea Nacional de Francia aprobó el miércoles una polémica ley para ampliar los trabajos de vigilancia en las telecomunicaciones en dicho país, con el fin de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La decisión se tomó un día después de que periódicos locales difundieran información de WikiLeaks, donde se asegura que el gobierno estadounidense espió a los últimos tres mandatarios franceses.
Los tres principales grupos parlamentarios de Francia (el socialista, del presidente François Hollande; el republicano, del exmandatario Nicolas Sarkozy, y los centristas de la UDI) aprobaron con mano alzada la medida que le permitirá al gobierno francés ampliar sus trabajos de seguridad.
Aunque existieron voces en contra en prácticamente todos los partidos, el Poder Legislativo decidió aprobar el dictamen, propuesto por Hollande hace más de un año, con base en el atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, el pasado 7 de enero.
La resolución contempla los nuevos procedimientos por los cuales se regirán los espías franceses para evitar futuros ataques terroristas. El criterio de selección es similar al de la Patriot Act, aprobada en EU tras los ataques del 11 de septiembre, y que le permitió a su agencia de seguridad, la NSA, implementar una vigilancia masiva en prácticamente todo el mundo.
Los agentes podrán interceptar y monitorear la información y las comunicaciones que se realicen desde computadoras y dispositivos móviles, siempre y cuando se tenga una sospecha fuerte de un posible ataque terrorista. Además, se podrán instalar cámaras y micrófonos sin la necesidad de que un juez emita una orden.
Se creará una Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información (CNCTR), integrada por cuatro magistrados, cuatro legisladores y un experto en comunicaciones electrónicas, quienes se encargarán de garantizar que los espías vigilen únicamente a quien sí sea altamente sospechoso de intentar u organizar un atentado terrorista.
Será la CNCTR la única autoridad competente para impugnar las actividades de los agentes, además de los ciudadanos implicados, quienes también podrán denunciar la intromisión injustificada a sus comunicaciones. De ser aceptada su denuncia, recibirán una disculpa de los agentes, la CNCTR además de una indemnización económica.
Los opositores a esta medida argumentan que se está utilizando los mismos estándares de la NSA, además, acusaron a Hollande y al primer ministro, Manuel Valls, de violar las libertades públicas. Incluso, desde que se dio a conocer la más reciente información de WikiLeaks, los detractores consideraron que esa noticia sería utilizada de pretexto para aprobar el dictamen.
(Con información de EFE)
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