Desde que el pasado martes la nueva Asamblea Nacional (AN) venezolana entró en funciones los conflictos entre los diputados han sido constantes, como la salida de los chavistas por la discusión sobre la ley de amnistía y la petición para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare nula cualquier decisión de los opositores.
Las acciones por parte de los representantes del gobierno del presidente, Nicolás Maduro, elevaron las alertas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), pues además de pedir que sus leyes sean ignoradas mientras estén en foros los tres diputados suspendidos cautelarmente, son acusados de buscar una intervención de Estados Unidos.
Asimismo, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el juramento de los tres parlamentarios opositores y las decisiones tomadas en la asamblea carecen de validez oficial.
Debido a lo anterior, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, desestimó el pasado jueves los señalamientos del oficialismo sobre que el órgano legislador incurrió en desacato , y agregó, que para que los funcionarios ejerzan sus deberes constitucionales no deben pasar “por el tamiz de ningún otro poder”, además de que el TSJ es un poder subordinado, ya que sus integrantes fueron elegidos por Maduro.
Por su parte, Delcy Rodríguez, ministra de Asuntos Exteriores, anunció que se reunió con el cuerpo diplomático del país, al que informó sobre las supuestas ilegalidades en que está incurriendo el Parlamento opositor.
Entre las últimas acciones tomadas por Ramos Allup, está la de retirar las imágenes de Hugo Chavez del Palacio Federal Legislativo, medida que fue calificada por chavistas como “el más grave ultraje que jamás se ha cometido en la historia de 200 años contra la memoria sagrada del Libertador de América Simón Bolívar".
Entretanto, el diputado y economista, José Guerra, anunció que el Parlamento derogará la reforma de la Ley del Banco Central, que decretó Maduro a través de poderes especiales para legislar hasta el pasado 31 de diciembre.
En dicho periodo Maduro decretó la modificación de 18 artículos de la Ley del Banco Central, por lo que ahora, entre otras cosas, los directores y el presidente del instituto emisor serán nombrados por el gobernante, arrebatando esa facultad al Parlamento, además de que el ente financiero no estará obligado a informar de los indicadores económicos de inflación y crecimiento, lo que no hizo durante todo el año 2015.
(Con información de El País)
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