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El País

Imagine que el cuadro olvidado del desván o el viejo lienzo que la abuela tenía sobre la chimenea resulta ser una obra maestra. “Es como ganar el Gordo, pero también es un lío tremendo”, dice Arthur Brand, asesor e investigador holandés que lleva décadas ayudando a los cuerpos policiales de varios países a recuperar obras de arte robadas y detectar falsificaciones. El primer problema que apunta el llamado “detective del arte” puede ser incluso previo a “descubrir que tienes un tesoro”: “Quizás acudas a un experto que identifique su valor, pero no te lo diga para comprártelo barato y revenderlo años después. Esto pasa. El mundo del arte es un lugar opaco y hostil, sobre todo si no estás acostumbrado a jugar el juego”. Incluso si no hay engaño, el descubrimiento abre un enorme ¿y ahora qué? ante los dueños. “¿Dónde lo guardo?, ¿qué papeleo necesito cumplimentar?, ¿tengo que pagar impuestos?, ¿cuánto se va a alargar el proceso de autentificación?, ¿lo podremos vender?, ¿mejor a una institución o a un particular?, ¿y si al final no es una obra maestra?”, enumera el experto. Y añade: “Estarán nerviosos: es un proceso que implica mucha burocracia y mucha ansiedad. Hay que armarse de paciencia… y no comprar el yate todavía”.

El caso del supuesto caravaggio cuya subasta el pasado 8 de abril fue paralizada por la Casa Ansorena de Madrid que iba a venderlo y después fue declarado inexportable por Cultura, es excepcional pero no único. Y la hemeroteca da fe de que el premio puede retrasarse. En 2014 otra obra de Michelangelo Merisi da Caravaggio fue descubierta en un desván de Toulouse. El Estado francés, considerándolo tesoro nacional, bloqueó su exportación durante años, reservándose el derecho de compra preferente hasta que expiró su plazo y pudo ser finalmente vendido (por unos 150 millones) en 2019. Ese mismo año una anciana de Compiègne, al norte de París, llevó a una casa de subastas lo que creía que era un icono ruso de escaso valor que tenía colgado junto a la cocina. Resultó ser obra del maestro primitivo italiano Cenni di Pepo Cimabue (siglo XIII). Lo vendió por 24 millones de euros. Pero Francia paralizó la salida del cuadro otorgándose 30 meses (que se cumplirán en verano de 2022) para igualar la oferta. La anciana murió poco después de la venta.

El cuadro que iba a subastar a principios de mes Ansorena fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) este miércoles, otra razón que impide su salida del país. Hace apenas dos semanas la obra, cuyo precio de salida se fijó en 1.500 euros y se atribuía erróneamente “al círculo de Ribera”, podría haber recaudado 120 millones de euros en el mercado internacional, según dos coleccionistas que quisieron adquirirlo. Ahora calculan que en España no superará los 30 millones.

Lo primero que Isabel Mignoni (dirige con su hermana la galería Elvira González) le advertiría a alguien que se sorprenda con una obra semejante entre manos, es que “el proceso será largo y está muy profesionalizado”. “Hay que esperar a las decisiones de los expertos, atender al derecho de tanteo del Estado, ver cómo te afectará fiscalmente una venta… Hay muchos matices y puede ser abrumador. Es una suerte, pero también una responsabilidad, como si te tocan 200 millones, hay que gestionarlo”. El experto holandés lo resume así: “¿Mi consejo? Haz una fiesta para celebrar el hallazgo e inmediatamente después, busca un abogado”.

Rafael Mateu de Ros, socio fundador del despacho Ramón y Cajal, y doctorando en Historia del Arte, no puede estar más de acuerdo. Y apunta: “Que sea un abogado especializado en derecho del arte y en fiscalidad”. Porque el “lío fiscal” también tiene sus aristas. En primer lugar patrimonios, herencias y donaciones tienen distintas tributaciones dependiendo de la comunidad autónoma (siendo Madrid la de mayores bonificaciones); y cuando la venta de una obra millonaria supone un aumento brusco del patrimonio, su plusvalía puede suponer “un pico”. Aun así, el abogado, fascinado por el caso (se extiende en posibles explicaciones del origen del caravaggio en los viajes del virrey de Nápoles), equipara el hallazgo a “encontrar un tesoro”, aunque es precavido: “Cualquier paso tiene que esperar a que se aclare la autoría”.

Si la pieza descubierta es declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como el caravaggio, los dueños están sujetos a una serie de restricciones, ya que forma parte del Patrimonio Histórico (en este caso de Madrid). Estarán obligados a informar a la Administración si quieren trasladarlo dentro o fuera de la comunidad, o si desean exponerlo (los beneficios de la venta de entradas serían para ellos). Si quisieran vender la obra, la Administración tiene que ser informada para ejercer su derecho de tanteo en un plazo de dos meses con el precio que los dueños hayan establecido.

Según Mateu de Ros, la ley protege a la obra, pero “no concreta algunas medidas”, no dice por ejemplo si tiene que ser asegurada ni especifica en qué condiciones ha de ser custodiada. “Hay lagunas y dudo que te puedan imponer determinados costes”.

Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, explica que la CAM no tutela la obra, sino que ejerce “un régimen de protección” sobre la misma. ¿En qué se traduce? La Comunidad podrá ofrecer a los dueños una relación de profesionales a los que acudir si quieren restaurar la pieza, pero no obliga a hacerlo y en ningún caso asume los costes. “No somos los responsables de esas tareas, es el deber de los propietarios”, asegura Hernando. Si el dueño decide restaurar, tendrá que comunicárselo a la Administración, enviar un proyecto y recibir una autorización. “Según la ley, la intervención debe de ser mínima y diferenciada, se tiene que notar que se ha hecho”, puntualiza Hernando, y añade: “Ha de realizarse por profesionales para que no vuelva a suceder un caso como el eccehomo de Borja”.

La entidad tampoco “hace inspecciones periódicas”. No se visitan las casas ni almacenes donde se guardan los BIC a menos que “se tengan indicios de que no se hace correctamente la conservación”. En caso de que los dueños maltrataran una obra sí serían sancionados. Según la ley, si se da “un incumplimiento grave de las obligaciones de conservación” se puede determinar “la expropiación forzosa” en el caso de los BIC. Sería la medida más extrema. Antes se establecen una serie de sanciones que comenzarán por obligar a los propietarios a asumir los costes de la reparación. Las multas pueden ir de los 1.000 euros al millón.

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