El Partido Demócrata de los Estados Unidos presentó una demanda multimillonaria contra WikiLeaks, el Kremlin y el equipo de campaña de Donald Trump por haber conspirado para interferir en la campaña electoral de 2016 en favor del candidato republicano, provocando por ende un grave perjuicio a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.
En una polémica decisión, la operación legal trae a la memoria la denuncia lanzada por la misma formación en 1972 contra Richard Nixon, además de que aumenta la presión en un momento en que Trump se ve cada vez más hostigado en el frente legal por las investigaciones de la fiscalía en la llamada trama rusa.
El núcleo de la demanda civil, adelantada por The Washington Post, consiste en que el 27 de julio de 2015 y el 18 de abril de 2016 los ordenadores del Comité Nacional Demócrata fueron asaltados por piratas informáticos; y los datos saqueados, según el FBI y la CIA, se hicieron públicos en plena campaña electoral a través de Wikileaks, un hacker conocido como Guccifer 2.0 y la web DCLeaks.
Los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que tanto el ataque como la diseminación de la información robada a los demócratas formaban parte de una operación dirigida por el Kremlin. “Vladimir Putin ordenó una campaña en 2016 contra las elecciones presidenciales de EU. El objetivo era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump”, afirmaron en un informe conjunto la CIA, el FBI y la NSA.
A esta base, los demócratas añaden datos que se han conocido en el curso de las investigaciones posteriores. Entre ellos que, cuatro días después del último asalto a sus ordenadores, George Papadopoulos, asesor de campaña de Trump, fue informado en Londres por un supuesto agente de inteligencia ruso (el lingüista Josef Mifsud) de que Moscú tenía en su poder miles de correos tóxicos sobre Clinton.
“Además, el consejero político más cercano a Trump, Roger Stone, también parece haber tenido conocimiento previo de los planes de WikiLeaks de diseminar parte de esta información. En vez de denunciar estos planes a las autoridades, la campaña de Trump y sus empleados los celebraron”, afirman los demócratas.
Otro personaje de la trama rusa incluido en la demanda es Emin Agalarov, empresario de la órbita de Putin que ayudó en 2013 a Trump a organizar el concurso de Miss Universo en Moscú. Durante la campaña electoral, Agalarov propició también la cita, supuestamente teledirigida por el Kremlin, entre el hijo mayor de Trump, y una abogada rusa que prometía entregar “información incriminatoria” sobre Clinton.
Junto a todas estas personalidades, los demócratas denuncian a la plana mayor de los asesores electorales de Trump, incluido el vástago; al propio gobierno ruso, cuya imputación es legalmente compleja, y a Wikileaks. El presidente, dado que no puede ser juzgado por la vía ordinaria, no está incluido. Tanto Wikileaks como Trump y el Kremlin siempre han negado cualquier colusión. Algo que el Partido Demócrata no acepta.
“Rusia lanzó durante la campaña de 2016 un asalto total a nuestra democracia y halló un socio activo en el equipo de campaña de Trump. Esto constituye un acto de traición sin precedentes: la campaña de un candidato a la presidencia de Estados Unidos se unió a un poder extranjero hostil para mejorar sus posibilidades de victoria”, afirmó en un comunicado el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez.
“Nadie está por encima de la ley y quienes perpetraron este ataque deben pagar por ello. Se infiltraron en los sistemas informáticos del Partido Demócrata con éxito en el 2016 y volverán a hacerlo. Debemos prevenir futuros ataques a nuestra democracia y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Esto no es un tema partidista, es patriótico. Si quien ocupa el Despacho Oval no va a proteger nuestra democracia, los demócratas lo haremos. Es nuestra obligación para con el pueblo estadounidense”, insistió Perez.
La demanda llega cuando el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, estudia pedir la declaración del presidente. Una decisión trascendental que viene precedida por un creciente conflicto. Hasta la fecha, Mueller ha imputado a seis asesores de Trump, pero ninguno lo ha sido por obstrucción o conspiración, sino por delitos financieros o mentir al FBI.
Tres de ellos ya han decidido colaborar en la investigación, entre otros el antiguo consejero nacional de Seguridad, Michael Flynn. Este general fue destituido a los 24 días de tomar posesión al descubrirse que había ocultado al FBI que en sus conversaciones con el embajador ruso en Washington negoció el futuro de las sanciones estadounidenses a Moscú. El caso se destapó por una grabación de los servicios de inteligencia que llegó a manos de la fiscal general interina, Sally Yates.
El material que haya podido acumular Mueller a lo largo de estos 11 meses de investigación supone una pesadilla para Trump, aunque los avances del fiscal especial se mantienen en secreto, se sabe que ha interrogado altos cargos de la Casa Blanca, al tiempo que el perímetro de sus pesquisas, en un principio centradas en la colusión con el Kremlin, se ha ido ampliando hasta abarcar la obstrucción a la justicia y los delitos financieros. Todo ello hace temer a los republicanos un pronto estallido.
En este escenario, se ha abierto otro frente para la Casa Blanca: el registro por parte del FBI del despacho de su abogado personal, Michael Cohen. Esta intervención de la policía federal, supuestamente bajo indicación del propio Mueller, amenaza con abrir otro flanco: Cohen, conocido por sus modos altaneros y su costumbre de grabar conversaciones, es el hombre que trataba y pactaba en la oscuridad con amantes y amigas de todo tipo de Trump, como la actriz porno Stormy Daniels.
El mero riesgo de que entre los documentos y audios incautados se descubra material que resulte peligroso para el presidente ha encendido todas las luces de alarmas en el Despacho Oval.
aml
