En el marco del Día Mundial para terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este lunes la magnitud de la violencia cometida contra trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años, donde cada 14 días un informador es asesinado en América.
A través de un comunicado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hace un llamado para que todos los países de América realicen un enfoque estratégico y armonizado sobre este tema y así termine con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.
De acuerdo con datos de la organización desde 2010, 150 periodistas han sido asesinados en el continente por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión, donde según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo el 10% de los casos han sido resueltos.
“Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”.
Asimismo, las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 107 homicidios de periodistas, de los cuales 89% permanecen en la impunidad.
La CIDH señala que uno de cada tres asesinatos ocurrió en México, equivalente a 55 casos del total, en tanto que casi uno de cada cincos ocurrió en honduras, alcanzando 28 crímenes.
En la lista le sigue Brasil con 25, Colombia con 11, Guatemala con 9, Perú con 6 y Paraguay con 4, estas cifras reflejan el hecho de que en estos países se ha agudizado la presencia del crimen organizado, quienes ejercen violencia en contra de ellos periodistas para no revelar información sobre ellos.
Debido a esto la Relatoría afirmó que cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.
“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento".
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