Este martes, Apple envió al Parlamento británico un documento con sus objeciones sobre el análisis de que los gobiernos dispongan de mayores poderes para acceder a las comunicaciones digitales de los ciudadanos, luego de que el Reino Unido presentó el pasado mes de noviembre un proyecto para que se facilite el acceso de la policía a los registros de Internet.
Apple, una de las compañías más valiosas en el mundo, considera que la ley comprometerá la seguridad de los datos personales de millones de ciudadanos honrados, obligará a las empresas a hackear sus propios productos y se convertirá en un detonante para conflictos internacionales.
“Creemos que sería equivocado rebajar la seguridad de cientos de millones de clientes que respetan la ley con el objetivo de rebajarla para aquellos pocos que representan una amenaza. En este entorno de ciberamenazas que evoluciona a gran rapidez, las empresas deben seguir siendo libres de implementar fuertes encriptaciones que protejan a sus clientes”, detalla Apple en el documento de ocho páginas.
Entre los problemas que señala Apple, se encuentra el hecho de que ellos no tienen acceso a los datos de sus usuarios, pues estos sólo los conocen el emisor y el receptor gracias a una técnica de encriptación.
“La creación de puertas traseras y capacidades de intercepción debilitaría la protección y pondría en peligro a todo el mundo”, defiende la compañía. “Una llave dejada bajo el felpudo no estaría allí solo para los buenos. Los malos podrían encontrarla también”.
Asimismo, otras empresas del sector tecnológico como Microsoft, Google, Twitter y Yahoo!, también presentaron sus objeciones, pues argumenta que de aceptar lo propuesto por RU, los demás gobiernos exigirán el mismo derecho y podrían entrar en conflicto con las legislaciones sobre privacidad en Estados Unidos, donde se encuentran los datos solicitados.
El proyecto de ley británico, presentado por la ministra del Interior, Theresa May, contempla otorgar a la policía y los servicios de inteligencia acceso a los registros del uso de Internet de todos los ciudadanos británicos sin necesidad de orden judicial.
(Con información de El País)
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