Cinque Terre

Marco Levario Turcott

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Director de etcétera

Regular la publicidad oficial para eludir la arbitrariedad y la opacidad

El gasto federal de comunicación social ha crecido exponencialmente: durante el sexenio de Vicente Fox, el gasto en promedio por año fue de poco más de tres mil 500 millones de pesos, y en el de Felipe Calderón poco más de cinco mil millones, también en promedio, por año; en 2018 según las actuales proyecciones, se consolidará un gasto anual cercano a ocho mil millones de pesos al año en promedio en el actual sexenio, poco menos de 50 mil millones de pesos.

No hay una ley que limite y regule el gasto, por lo que éste se orienta con arbitrariedad.

Durante la campaña de hace seis años, Enrique Peña Nieto se comprometió a presentar una iniciativa para definir un marco normativo sobre el tema, pero no lo hizo, lo cual sin duda está entre las omisiones más importantes del Ejecutivo pero no sólo de éste, como se sabe, el 19 de noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso legislar al respecto y el plazo que estableció para que tengamos una ley es en abril del próximo año.

Creo que sólo subrayar la omisión del Presidente es una forma de simplificar el tema –para la postura políticamente correcta– y evadir algunos otros elementos que son parte del problema ya que la falta de legislación es responsabilidad de los partidos políticos, y también están los medios que no la impulsan, sobre todo los más favorecidos, las televisoras, distintos grupos de la radio y los grandes periódicos de la prensa. Junto con ello debemos considerar lo que ocurre en los estados del país, ahí están las grandes cantidades de dinero que orientó Rafael Moreno Valle cuando fue gobernador para promover su imagen (con anuncios de cobertura nacional para aludir a los resultados de la administración de Puebla), el derroche de Arturo Nuñez, el gobernador de Tabasco, o lo que pasó en Veracruz con Javier Duarte, que gastó al menos 13 mil millones de pesos durante su gestión: vean ustedes: TV Azteca obtuvo mil 231 millones 941 mil pesos, en tanto que El Universal captó 125 millones 164 mil pesos, y pronto se conocerán otros montos, por ejemplo el costo de las gacetillas de La Jornada y Milenio, ya que la Corte quitó el candado de confidencialidad que tenía el gobierno de la entidad (y luego de que durante el sexenio hubo múltiples peticiones de información con base en la ley de transparencia, entre otras, hechas por la revista etcétera). Sin duda, 13 mil millones de pesos fueron una razón poderosa para que buena parte de los medios no cuestionaran a Javier Duarte de Ochoa e incluso lo elogiaran mediante las gacetillas ya mencionadas, que son un engaño para la sociedad y que están muy extendidas y son promovidas en otros estados, por ejemplo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que este año orientó recursos para aquel tipo de publicidad engañosa en Excélsior. Los viejos aun recordamos la orden del funcionario de difusión: “Publícalo como si fuera cosa tuya”. Esas gacetillas son recurrentes también en los medios de radiodifusión.

GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Algo muy similar a lo que pasó en Veracruz ocurre en Chiapas, el gobierno no proporciona información sobre los gastos de publicidad y sus montos son enormes al ver cómo se anuncia su mandatario en los medios escritos y de radiodifusión; estoy seguro de que ustedes notaron que (casi) no hubo críticas a Manuel Velasco no obstante la tragedia que significaron para Chiapas los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados. Por cierto, con gran desfachatez el gobernador asignó recursos para promover su propia imagen durante las labores de auxilio a la población afectada.

Grandes cantidades del erario terminan en las arcas privadas sin regulación alguna.

La arbitrariedad favorece a unos medios o a otros, dependiendo de cada administración o de cada estrategia circunstancial, por ejemplo en los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox, la revista Proceso fue la más favorecida, en tanto que con Felipe Calderón hubo vetos contundentes contra las revistas (en particular, contra etcétera que prácticamente no captó recursos por esa vía en los últimos dos años de su gobierno) y una gran concentración del gasto en Televisa y Televisión Azteca; en el presente sexenio el gobierno federal salvó a La Jornada de la crisis financiera que puso en riesgo su viabilidad, sobre todo en los últimos dos años y medio. Otro ejemplo ilustrativo es que, entre enero y julio de 2014, el noticiero de MVS que entonces conducía Carmen Aristegui facturó un millón 215 mil 41 pesos en tanto el noticiero que conduce Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula facturó 362 mil 30 pesos (como es conocido, el contrato de la periodista con MVS definía un porcentaje de ingreso adicional para ella por la publicidad obtenida).

Entonces no es sólo el Presidente, sino un complejo sistema de intereses lo que mantiene las cosas como ahora están (si bien es cierto que de acuerdo con las facultades el Ejecutivo así como los compromisos que estableció en campaña ahí se halla la responsabilidad principal), y es que no fue un asunto menor promover la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que eliminó varios privilegios de los poderes fácticos de la telefonía y la televisión, como para que se promoviera otra estructura legal que acabara con otros tantos privilegios; el Presidente no se planteó ir por más y tampoco tenía aliados para ello en partidos políticos, empresarios y, claro, los medios de comunicación. Calculo que el gasto federal representa entre el 55% y el 70% de los ingresos de todos los medios de comunicación.

Confío en que el próximo año se vayan esbozando los principales lineamientos para una ley de publicidad gubernamental, el impulso que para ello dio la Corte será decisivo. Durante el próximo año desde la revista etcétera haremos propuestas para limitar el gasto, definir reglas para que los anuncios publicitarios no sean la promoción de la imagen de los funcionarios y establecer criterios para la asignación, donde la cantidad de lectores o audiencias no sean el único enfoque. No puede, no debe mantenerse el derroche, ni la arbitrariedad ni la opacidad que, además de todo, acota la libertad de expresión, la crítica misma del poder.

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