Si el candidato del PAN al gobierno de Colima es responsable o no de desvío de recursos y trata de personas, corresponderá determinarlo a las autoridades judiciales correspondientes, siempre y cuando hubiese denuncias ante Ministerio Público y una exhaustiva investigación de por medio. Sin embargo, hasta el momento, la única “prueba” en contra de Jorge Luis Preciado es un audio difundido a través de las redes sociales, presuntamente por el grupo de ciberactivistas Anonymous de Colima, es decir, ni siquiera se tiene claro su origen.
Pese a ello, los medios de comunicación optaron por regodearse con la propagación de esta especie, pasando por alto los más elementales principios deontológicos que les obligan a realizar un mínimo de investigación para corroborar si son reales las acusaciones contra Preciado. Es mucho redituable sucumbir a la dictadura del clic fácil, con la difusión de una conversación del candidato con una presunta amante en el que se revelan detalles de sus supuestas actividades ilícitas. Se viola también la presunción de inocencia de un personaje que ni siquiera es sujeto de proceso legal alguno y sin embargo, ya fue declarado culpable por el tribunal mediático.
Asistimos así a un nuevo capítulo del imperio de la filtración en donde el escándalo se convierte en noticia y además de faltar a su deber ético de informar con responsabilidad, los medios se hacen copartícipes del bajo nivel de la competencia política en México, donde la propuesta y el debate son relegados por el golpeteo y la denostación del adversario.
