El contexto para las universidades públicas es inquietante. El presidente de la República es intolerante a la crítica, de modo que busca acallar cualquier voz que ponga en tela de juicio sus constantes ocurrencias. Son numerosas las veces que ataca a la clase media por ser el sector de la población que busca educarse. En el extremo de un delirio imparable ha dicho que quienes hacen sus estudios en el extranjero van a aprender a robar.
En el país, esos puntos de vista son alarmantes por tres circunstancias. Por un lado, se avecina la discusión de una ley que este gobierno está en empeñado para sacar adelante y con ella se modifique el estatuto del Instituto Politécnico Nacional (fundado por Lázaro Cárdenas), una ley que ha sido rechazada por la comunidad politécnica, empezando por su director general. Por otra parte, está la presión que quiere ejercer el gobierno afecto de restablecer las clases presenciales en los centros de educación superior públicos, desconociendo por completo la autonomía, que significa que la institución tiene sus propios mecanismos de decisión, y deben ser respetados.
Pero la tercera circunstancia es bastante preocupante: la persecución judicial a 31 personas del CONACYT, entre ellos destacados científicos, a quienes la FGR quiere encarcelar en una prisión de alta seguridad. Y en estos temas, la UAM de Xochimilco figura en dos extremos: en la subsecretaría de educación superior de la SEP despacha Luciano Concheiro, por muchos años académico de ese campus, y miembro prominente del partido Morena; y una de la académicas perseguida, Gabriela Dutrenit, docente del mismo campus.
En este clima tan desfavorable para las universidades y centros de educación superior, la UAM de Xochimilco está en proceso de elección de su rector o rectora. La comunidad, trabajadores, académicos y estudiantes, no quisiera que se repitiera el sainete de cuatro años atrás. ¿Qué ocurrió entonces?
La comunidad se había pronunciado en favor de cinco académicos. Nada diferente a lo que había venido ocurriendo por décadas. Pero hace cuatro años, al llegar la lista de los cinco, el Consejo Académico, máximo órgano de decisión en la unidad, se enfrascó en una discusión bizantina sobre el término “mínimo cinco”, para defender que podrían tener 6, 7 o 10 candidatos. El tema fue incluir en la lista a uno por el que nadie se había pronunciado. Y así mandaron al Rector General una quinteta de seis.
Según la reglamentación, Eduardo Peñaloza formó una terna (por cierto, excluyó a Concheiro) e incluyó al sexto pasajero. La leyenda urbana cuenta que una diputada morenista, antigua docente que llegó a rectora de la UAMX, usó 50 millones de pesos del erario público para hacer una aportación desinteresada, aunque en favor de Fernando de León, el sexto pasajero. Peñaloza entregó la terna (incorporando al muy cuestionado, por su raquítico curriculum, sexto pasajero) y se la envió a la Junta Directiva, la cual finalmente eligió a de León como rector de Xochimilco.
El tema de esa elección dejó resquemores respecto de los procedimientos de elección. Han pasado cuatro años. Nuevas generaciones han ingresado. El espíritu y vocación democrática de la institución renace. Pero de pronto se empiezan a ver signos de apoyo de la rectoría de la unidad hacia una candidatura. Se dice que en favor de quien estuvo cercana al actual rector cuando era el sexto pasajero. “Amor con amor se paga”, nos repiten desde el púlpito mañanero. La comunidad no quiere eso, no quiere que se usen los recursos que maneja la rectoría de manera sesgada, no paritaria.
Un reto importante, en medio de un contexto donde las instituciones deben ser fuertes, bien representadas y defensoras de los derechos universitarios.
